El Poder Ejecutivo observa la ley del Congreso que busca reducir impuestos a casas de apuestas online.

El reciente avance del Congreso en la regulación de las apuestas deportivas y los juegos a distancia ha generado una serie de divergencias con el Poder Ejecutivo, que ha decidido observar la Ley aprobada hace más de un mes, argumentando posibles impactos negativos en la recaudación fiscal del Impuesto Selectivo al Consumo (ISC).

La normativa en cuestión apunta a establecer regulaciones claras sobre las apuestas deportivas en línea y a incorporar un delito de manipulación de resultados. Sin embargo, los comentarios del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) revelan preocupaciones sobre las modificaciones propuestas, especialmente en relación con la base imponible y la facultad del gobierno para ajustar las tasas impositivas.

El oficialismo advierte que la autógrafa de ley propone cambios que, de ser implementados, desactivarán el ISC a plataformas domiciliadas y no domiciliadas, por medio de la derogación de ciertos artículos y literal e del artículo 53 de la Ley del IGV e ISC, lo que, según señalan, dificultará la exigencia del pago del impuesto por parte de las plataformas. Además, califican que la reducción de la carga tributaria en un 95% para las plataformas nacionales, sumando a la eliminación de la facultad de modificar las tasas del impuesto, supondría una pérdida importante en la recaudación que, en números, equivaldría a una reducción del 90% al 95% en comparación con el potencial actual.

Desde el MEF también indican que, aunque la ley busca corregir vacíos normativos o distorsiones, los juegos y apuestas en línea siempre han estado contemplados en la regulación del ISC, y por tanto, no existe una necesidad urgente de cambios en este sentido. Además, alertan que la modificación de la base imponible —que pasaría a considerarse únicamente las "apuestas en dinero"— provocaría una reducción significativa en la carga tributaria, lo que reduciría la recaudación a entre S/14 millones y S/28 millones anuales, en comparación con los más de S/284 millones que actualmente se proyectan bajo la tasa vigente del 1%.

El Ejecutivo también expresa su preocupación por la eliminación de la facultad para modificar las tasas del ISC, establecida en la ley, ya que esa potestad le permite responder de manera ágil ante cambios en el mercado y en las externalidades negativas asociadas a los juegos de azar. La pérdida de esa capacidad, aseguran, comprometería la eficacia de las políticas fiscales en este sector.

Por otro lado, sobre la propuesta de tipificar como delito la manipulación de resultados en competiciones deportivas a distancia, el gobierno señala que la redacción del proyecto no sería suficiente para considerarla un delito informático, puesto que la conducta se basa en amenazas o intimidaciones y no en el uso directo de tecnologías de la información.

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Mientras tanto, en el Congreso se defiende la ley argumentando que buscar fortalecer la lucha contra la ilegalidad y el crimen organizado, una postura que el Ejecutivo ha considerado insuficiente ante la necesidad de mantener los mecanismos actuales de recaudación y control.

En definitiva, la tensión entre ambas instituciones refleja el debate en torno a la regulación de los juegos online, equilibrio entre seguridad, evasión fiscal y protección del consumidor en un mercado en constante expansión.