El misterioso negocio inmobiliario de Martín Vizcarra: 190 lotes en Moquegua bajo la lupa judicial

En medio de un juicio de corrupción que involucra directamente al expresidente Martín Vizcarra y su familia, emergen detalles que dibujan un entramado entre proyectos públicos y un negocio inmobiliario que hoy se comercializa desde la empresa familiar Urbaniza 3D SAC. A la fecha, la empresa de la esposa del exmandatario ha puesto a la venta una urbanización ubicada en una pampa casi desértica del centro poblado Los Ángeles, Moquegua, que contempla 190 lotes de superficies que oscilan entre 160 y 300 metros cuadrados. Los precios pueden llegar a alcanzar cifras cercanas a los 300,000 soles, según fuentes cercanas al proyecto.

El hilo conductor de la historia, que ha cobrado relevancia en el curso de la investigación judicial, está vinculado a contratos laborales presentados por el propio Vizcarra ante el juzgado para acreditar su arraigo laboral. Durante la audiencia de prisión preventiva, el fiscal del Equipo Especial Lava Jato, Germán Juárez Atoche, calificó la situación como “una burla” cuando observó dos contratos de trabajo vinculados a empresas de la familia. En ese momento, el juez encargado, Víctor Alcocer, dejó sin efecto la prisión preventiva, decisión que fue posteriormente revisada por la Tercera Sala Penal de Apelaciones, que ordenó un nuevo debate ante el magistrado Jorge Chávez Tamariz.

Entre los documentos presentados destacó un contrato de la empresa Urbaniza 3D SAC, cuyo objeto social refiere a la habilitación urbana y la venta de terrenos. El convenio, además, parecía situar a Vizcarra en un rol de ingeniero civil para un proyecto de la mencionada firma, sin detallar el lugar exacto de ejecución ni adjuntar comprobantes de pago. Curiosamente, el contrato tenía fecha coincidente con el momento en que debía fundamentarse el arraigo para la defensa policial, lo que añadió un elemento de sorpresa para la fiscalía.

La investigación, que ya involucra a miembros del entorno familiar, señala que Urbaniza 3D SAC no es una entidad aislada. Detrás de ella se hallan la familia política de Vizcarra, incluyendo su esposa y sus hijas, y una trayectoria empresarial que conectaría a varias compañías con los negocios de infraestructura de la región de Moquegua. Sunarp, registros y documentos contables muestran que los predios iniciales fueron objeto de una cadena de transferencias y una reorganización societaria que culminó con la propiedad de la tierra en manos de la ya mencionada urbanizadora.

El marco temporal de los acontecimientos también está entrelazado con la etapa de la gestión regional de Vizcarra en Moquegua (2014) y la posterior reorganización de activos familiares. En ese periodo, las hijas del exmandatario y la esposa del mismo estuvieron involucradas en la adquisición y estructuración de la propiedad, mientras que las cuentas vinculadas a la compra del terreno y su hipoteca se ejecutaron a través de una combinación de firmas y entidades vinculadas al grupo familiar. Según registros de Sunarp, la propiedad en cuestión pasó por una serie de movimientos contables que, en su conjunto, permiten entender la complejidad de la estructura de propiedad que hoy soporta el proyecto andaria.

La venta de 190 lotes representa, en términos prácticos, la formalización de un proyecto inmobiliario que ya lleva años en desarrollo y que hoy, en medio del proceso judicial, se presenta como una oportunidad de inversión para potenciales compradores. En declaraciones a este medio, un asesor de Urbaniza 3D SAC sostuvo que el proyecto, denominado Andaria, está programado para entregar los lotes en un plazo estimado de 18 meses, alrededor de diciembre de 2026. El portafolio de Urbaniza 3D SAC comprende 10 hectáreas, segmentadas en lotes de 160 a 300 metros cuadrados, ajustándose a la demanda actual de vivienda y terrenos para desarrollo urbano en la zona.

En paralelo, la investigación fiscal continúa avanzando. En febrero pasado, se difundieron notas periodísticas que vinculan a otros familiares con investigaciones por posibles irregularidades, incluyendo gestiones de servicio de alquiler de maquinaria relacionadas con obras en la ribera de Ilabaya y Locumba. En ese contexto, la narrativa que emergía apuntaba a una línea de tiempo que conecta las adjudicaciones y las relaciones comerciales con funciones públicas que podrían haber influido en decisiones de inversión y contratación.

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Más allá de los aspectos jurídicos, el caso plantea preguntas sobre la intersección entre la vida política y la actividad empresarial en provincias donde la regulación y la supervisión de las operaciones de alto valor pueden verse desbordadas por dinámicas familiares y redes de influencia. En este sentido, el proyecto Andaria no solo simboliza una operación de venta de terrenos, sino una señal de cómo, en ciertos contextos, las historias de familia y de poder pueden cruzarse con proyectos de desarrollo urbano de alto valor económico.

Conforme avanza la cobertura judicial, este medio continuará trazando los hitos relevantes del caso, contrastando las declaraciones oficiales con las evidencias documentales disponibles y buscando entender, con la mayor claridad posible, el alcance de las vinculaciones entre las actividades empresariales de Urbaniza 3D SAC y el escrutinio público que rodea al expresidente Vizcarra y su círculo cercano.