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El lado oculto de las contrataciones sexistas en el Parlamento peruano

  • owenvalencia20
  • hace 7 horas
  • 2 Min. de lectura

El reciente informe de la Comisión de Fiscalización del Congreso de Perú revela un patrón preocupante en las contrataciones realizadas durante la gestión del partido Alianza para el Progreso (APP), específicamente en torno al caso de Andrea Vidal, cuya trágica muerte en diciembre pasado ha colocado en el centro de la atención pública las prácticas irregulares en el Legislativo. El documento, denuncia un probable direccionamiento de contrataciones, donde la apariencia física y las relaciones de cercanía parecen haber sido prioritarias sobre los méritos, conocimientos o experiencia laboral.


Según las investigaciones, Andrea Vidal, quien ingresó al Congreso con solo dos años de egresada y un sueldo de S/7,000, fue contratada principalmente por su amistad con Jorge Torres Saravia, entonces jefe de la Oficina de Asesoría Legal y Constitucional. El informe sostiene que su selección fue favorecida por su cercanía y confianza, además de su apariencia física. La situación se repite con otros nombres, como Isabel Cajo y Alexandra Gil, quienes también habrían sido contratadas por criterios similares, en un patrón que el informe describe como una "jugada de belleza" en lugar de capacidad y conocimientos profesionales.


El documento detalla cómo Isabel Cajo, que apenas contaba con estudios básicos o técnicos y había iniciado una carrera de Derecho, fue reubicada dentro de la oficina legal gracias a una adenda sospechosa, en la que también se habría primado su presencia física y su perfil en la plataforma OnlyFans, donde publicaba contenido de carácter sensual. De igual modo, Alexandra Gil, con un grado de bachiller en Derecho, fue incorporada en las mismas condiciones, aparentemente mediante un método que priorizaba la apariencia y posibles vínculos con actividades de contenido sexual, sin que exista evidencia de proxenetismo o proxenetismo.


El informe señala que estas contrataciones evidencian un uso “irregular, sexista y potentially sexista”, que habría sido aprovechado por algunas autoridades para beneficiar a personal femenino por su estética, en un contexto donde la apariencia valía más que la experiencia o la formación académica. La comisión aclara que, aunque no hay pruebas de proxenetismo, sí puede entenderse que estas prácticas configuran un "festín" en permisos y contrataciones irregulares, en un entorno que se habría beneficiado de una “liberalidad” en las condiciones de ingreso.

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Por otro lado, el informe también señala que hay una oportunidad para investigar más a fondo, exigiendo acciones del Ministerio Público, y que estas prácticas podrían esconder un contexto sexista y discriminatorio que requiere ser abordado con seriedad.


El caso de Andrea Vidal, inicialmente presentado como una víctima de violencia, ha abierto también la discusión sobre la corrupción, favoritismo y prácticas poco transparentes en el Congreso. La votación para determinar el destino de este informe se realizará este miércoles en la Comisión de Fiscalización del Congreso.


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