El Frontón: alcalde de Lima cuestiona costo y prioridades de la nueva cárcel
- owenvalencia20
- 3 sept
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El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se expresó con firmeza en contra de la propuesta oficial de reconstruir el penal de El Frontón, ubicada en la isla homónima que albergó instalaciones penitenciarias hasta 1986. En una intervención ante la prensa, el alcalde cuestionó el costo de la obra y la conveniencia de destinar recursos a una nueva cárcel cuando existen otros penales pendientes de culminación.
“No, es carísimo, teniendo el penal de Ica por terminar. El problema lo resolvemos ahorita, no mañana; aquí tenemos que tener soluciones ya”, declaró López Aliaga, enfatizando la necesidad de priorizar inversiones penitenciarias que estén en fase de finalización o que presenten un cronograma de ejecución claro.
Durante su intervención, el alcalde sugirió, en tono controvertido, que la seguridad de la ciudad podría reforzarse canalizando a internos de alta peligrosidad hacia zonas geográficas menos vulnerables para la población. En particular, mencionó la selva, describiéndola como un lugar con amplios espacios donde, afirmó, sería complejo para estas personas “escapar” o causar daño, e incluso insinuó medidas de contención extremas para evitar fugas.
“Yo he dicho hace dos días que, en la selva, tenemos un montón de espacio para que el mismo cabecilla del Tren de Aragua, esta gente maldita, que ha venido a matar a peruanos, meterlos en una zona donde no pueda salir, y si sale, están las shushupes (serpientes venenosas) esperando; el mejor cerco es allá”, señaló el alcalde, en una declaración que ha generado debate por su tono y por las referencias explícitas.
El proyecto gubernamental busca reconstruir un penal de máxima seguridad con capacidad para 2,000 internos, cifra que, según el Ejecutivo, justificaría una inversión estimada en 500 millones de soles. Sin embargo, organismos y autoridades locales han puesto reparos. El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) sostuvo en 2023 que el proyecto resultaba inviable debido a dificultades técnicas, ausencia de servicios básicos y elevadas cargas operativas. A ello se sumó la postura de la Municipalidad de La Punta, que rechazó la propuesta por entender que podría afectar la seguridad de la región y su potencial turístico.
En paralelo, exfuncionarios del INPE han alertado sobre la existencia de al menos cinco penales inconclusos en distintas regiones, lo que alimenta el debate sobre la viabilidad y la gestión de inversiones en infraestructuras penitenciarias.
La polémica continúa mientras el Ejecutivo mantiene su narrativa de modernización y fuerte seguridad, y los actores locales piden una revisión minuciosa de costos, prioridades y efectos sobre la comunidad.
