El exmandatario Martín Vizcarra enfrenta una millonaria reparación civil por corrupción

El expresidente Martín Vizcarra se enfrenta a una semana decisiva, ya que el Cuarto Juzgado Penal de la Corte Superior Nacional iniciará la lectura de su sentencia este miércoles 26 a las 9:00 a.m. La acusación fiscal solicita quince años de prisión por presuntos actos de corrupción relacionados con las obras Lomas de Ilo y la ampliación del Hospital de Moquegua, donde se le atribuye haber recibido sobornos por un total de S/2.3 millones.

Durante la audiencia del jueves 13, tanto Vizcarra como su abogado, Erwin Siccha, defendieron su inocencia. Siccha argumentó que Vizcarra no tuvo participación en los procesos de contratación, señalando que las decisiones recaían en otras entidades, como la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). “Mi patrocinado no ha tenido ninguna intervención en el proceso de contratación, (entonces), no tenía ninguna función que pudiese ser infringida y vendida”, afirmó el abogado.

Vizcarra también rechazó cualquier insinuación de que pudiera buscar asilo político, tal como sucedió con la ex primera ministra Betssy Chávez y la ex primera dama Nadine Heredia. “Nunca se ha pasado por mi cabeza la posibilidad de una fuga”, aseguró, refiriéndose a rumores sobre su presencia en la embajada de México.

En esta sesión, se presentaron los alegatos finales de las empresas involucradas, que podrían ser responsables de pagar una cuantiosa reparación civil, estimada en casi cinco millones de soles. Las constructoras Obrainsa, ICCSA, e INCOT ya han iniciado procesos de colaboración eficaz, mientras que Astaldi se ha mantenido firme en su defensa, argumentando que no hay pruebas que la vinculen directamente con el caso.

El fiscal Germán Juárez ha sostenido que Vizcarra “vivía de las coimas”, citando la falta de retiros significativos de sus cuentas bancarias, lo que implicaría que dependía de los sobornos recibidos en efectivo. La defensa, por su parte, presentó movimientos bancarios que, según ellos, demuestran la solvencia económica de Vizcarra antes de su carrera política.

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Además de la posible pena de prisión, Vizcarra enfrenta la obligación de pagar una reparación civil que se dividiría entre él y las empresas implicadas. La Procuraduría ha exigido S/2.071.971 por la obra Lomas de Ilo y S/2.600.000 por la ampliación del Hospital de Moquegua, lo que plantea interrogantes sobre cómo el exmandatario podrá afrontar este pago.

Finalmente, el Poder Judicial ha confirmado la inhibición de quince bienes inmuebles relacionados con Vizcarra y su esposa, valorados en más de 5.8 millones de soles, vinculados a actividades ilícitas durante su gestión como presidente regional de Moquegua entre 2011 y 2014.