Dos Casos de Odebrecht Listos para Sentencia en Perú.

El juicio por uno de los casos más emblemáticos de corrupción en Perú, vinculado a Odebrecht, ha alcanzado su fase final tras más de dos años de audiencias semanales. Este proceso ha sido seguido de cerca por la ciudadanía y los medios, reflejando la lucha del país contra la corrupción que ha permeado en diversas instituciones.

Durante los días 9 y 10 de julio, se llevaron a cabo audiencias cruciales donde las defensas de los acusados presentaron sus alegatos finales. En la primera jornada, los abogados de Mariella Huerta, Jesús Munive y Edwin Luyo expusieron sus argumentos, mientras que en la segunda jornada fue el turno de Santiago Chau, Magdalena Bravo, Miguel Navarro, Víctor Muñoz y Jessica Tejada. Cada defensor tuvo media hora para argumentar en contra de las acusaciones, enfatizando la falta de pruebas sólidas que sustenten las imputaciones formuladas por el Ministerio Público. Todos los acusados han mantenido su inocencia, solicitando su absolución ante el tribunal.

El próximo jueves 17 de julio, el juzgado dará la oportunidad a los acusados de presentar su "autodefensa material", un momento significativo en el que podrán expresar su versión de los hechos y defenderse directamente ante el tribunal. Cada acusado contará con aproximadamente 10 minutos para realizar su exposición, lo que podría influir en la percepción del tribunal antes de que se anuncie la fecha de lectura del fallo, prevista para la semana siguiente.

Entre los principales acusados se encuentra Alejandro Toledo, el exmandatario ya tiene una sentencia previa por recibir sobornos en de la constructora brasileña a cambio de la adjudicación de la Carretera Interoceánica Sur, tras serias acusaciones en el Caso Ecoteva, donde se le imputa el lavado de activos por un monto superior a US$ 30 millones. El fiscal superior Rafael Vela ha solicitado para Toledo una condena de 16 años y 8 meses de prisión, lo que marcaría la tercera sentencia para un expresidente peruano en el contexto de los casos de corrupción de Odebrecht. Este caso ha sido particularmente significativo, dado que Toledo ya enfrenta una sentencia previa por haber recibido sobornos a cambio de la adjudicación de la Carretera Interoceánica Sur.

En el caso del Metro de Lima, el principal acusado es Jorge Cuba, exviceministro de Comunicaciones, para quien se ha solicitado una pena de 35 años de prisión. Este proceso, que comenzó en 2017, es uno de los primeros en investigar los sobornos de Odebrecht en el país, donde la constructora admitió haber pagado coimas por un total de US$ 8.1 millones. La acusación sostiene que Cuba y otros exfuncionarios del segundo gobierno de Alan García participaron en un esquema de corrupción que involucró la compra de funcionarios y el manejo de fondos ilícitos.

El fiscal Vela se ha pronunciado sobre la duración del juicio, señalando que, aunque se esperaba una conclusión más rápida, la sobrecarga en el sistema judicial ha llevado a este extenso proceso. “El colegiado que lleva este caso también está a cargo del juicio de Martín Vizcarra, lo que ha contribuido a la congestión”, comentó Vela, defendiendo la labor del Poder Judicial a pesar de los retrasos. Esta situación ha generado un debate sobre la necesidad de mejorar la eficiencia del sistema judicial para abordar casos de corrupción de tal magnitud.

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El penalista Gilmar Andía, quien ha seguido de cerca el proceso, ha criticado la prolongación de los juicios, indicando que “siete u ocho años es un tiempo excesivo” para llegar a una sentencia de primera instancia. Sin embargo, también ha reconocido que el país no estaba preparado para enfrentar la complejidad de los casos de corrupción que han surgido con Lava Jato. “Nunca habíamos enfrentado a este tipo de delincuencia”, declaró Andía, subrayando la necesidad de fortalecer las capacidades del sistema judicial para manejar casos de corrupción de gran escala.

Con la conclusión de las audiencias a la vista, la expectativa crece en torno a las decisiones que tomará el tribunal, que podrían tener un impacto significativo en el panorama político y judicial del país. Los resultados de este juicio no solo definirán el futuro de los acusados, sino que también enviarán un mensaje claro sobre la postura del Estado peruano frente a la corrupción y la impunidad. La sociedad civil se mantiene atenta, esperando que este proceso judicial sirva como un precedente para futuros casos y como un paso firme hacia la transparencia y la justicia en el país.