Doroteo Carbajo enfrenta proceso por presunta exigencia de dinero a su empleada
- owenvalencia20
- 19 sept
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La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso de la República informó que admite a trámite la denuncia constitucional presentada por la fiscal de la nación, Delia Espinoza, contra el congresista Raúl Doroteo Carbajo, integrante de Acción Popular, por la presunta comisión del delito de concusión. La decisión, tomada por una votación mayoritariamente favorable, podría abrir un proceso que tendría impactos relevantes en el ámbito político y parlamentario.
Seis legisladores de distintas bancadas respaldaron la medida, mientras que tres votaron en contra y tres se abstuvieron. La votación fue impugnada por la congresista Patricia Chirinos, de Renovación Popular, quien solicitó una reconsideración que posteriormente fue rechazada por la mayoría de los presentes.
La acusación señala que Doroteo Carbajo habría abusado de su cargo para obligar a la trabajadora de su despacho, María Fernanda Morales Gutiérrez, a entregar el 50% de todos los ingresos percibidos del Parlamento durante 2023 y 2024, bajo amenaza de despido. En esta maniobra habría contado con la colaboración de Mario Reyes Ortiz.
La denuncia, presentada por la Fiscalía de la Nación a través del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, se conoció en marzo del año pasado, cuando salieron a la luz mensajes entre el congresista y su empleada. Morales expresó que no le era posible continuar entregando la participación del 50% de su remuneración “como normalmente lo hacía” y solicitó una reducción.
En paralelo, Doroteo Carbajo fue objeto de una investigación por la Comisión de Ética Parlamentaria, que en diciembre de 2024 recomendó al Pleno suspenderlo por 120 días en el ejercicio de sus funciones. La propuesta aún no ha sido puesta a votación.
Además, el diputado de Acción Popular forma parte de una línea de investigación de la Fiscalía que lo vincula con el llamado grupo “Los Niños”, señalado por presuntamente haber canjeado votos para obstaculizar interpelaciones a ministros y bloquear solicitudes de vacancia contra el expresidente Pedro Castillo, a cambio de contratos y licitaciones para sus allegados.
El caso plantea preguntas sobre el uso de influencias en el Congreso y el impacto de posibles ilícitos en la confianza ciudadana. Las próximas etapas procesales definirán si la denuncia avanza hacia la etapa de investigación y eventual juicio político, o si se mantiene el curso institucional sin mayores avances.
