Dina Boluarte recibe aumento salarial a S/ 35,568 en medio de baja aprobación pública

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó esta semana que la presidenta Dina Boluarte recibirá un salario mensual de S/ 35,568, tras la aprobación de un decreto supremo que regula y ajusta su remuneración en base a comparaciones internacionales y jerarquía interna del Estado peruano. La decisión, que fue informada por el ministro Raúl Pérez Reyes, surge después de un análisis profundo que consideró los sueldos de 12 presidentes en la región, ajustados por paridad de poder adquisitivo.

Este incremento en la remuneración presidencial responde a un proceso que inició en abril con la elaboración de un informe técnico, en el que se evidenció que el salario actual de Boluarte —que apenas había alcanzado los 16,000 soles— estaba muy por debajo de los niveles de sus homólogos regionales, muchos de los cuales perciben cifras superiores. La medida busca además establecer un criterio lógico y equiparable con otros funcionarios de alto rango en el aparato estatal, como magistrados o ministros, que perciben salarios cercanos o superiores a los S/ 35,000.

El razonamiento oficial sostiene que este aumento responde a la función representativa y a las responsabilidades que conlleva la presidencia, que requiere estar a la altura de otros cargos de mayor jerarquía en el Estado. Además, apuntan a fortalecer la legitimidad del cargo, cuya importancia simboliza la estabilidad institucional y la confianza del pueblo en sus líderes.

Cabe señalar que esta decisión no fue exenta de polémica, pues surge en medio de una baja aprobación ciudadana, protestas en varias regiones del país y un clima social crispado. Son varias las voces que cuestionan si el incremento en el salario de la presidenta responde a una necesidad real o si solo obedece a un interés político para mantenerla en una posición privilegiada. Similar cuestionamiento se ha expresado respecto a la transparencia del proceso y a si la sociedad peruana tiene casos más apremiantes en los que invertir recursos públicos.

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El decreto fue sustentado en criterios técnicos, en los que participó la Autoridad Nacional del Servicio Civil (Servir), y obedece a la ley que establece que el máximo cargo en el Estado debe recibir la remuneración más alta. Sin embargo, la percepción pública permanece dividida, y la discusión sobre los altos costos de la política se mantiene vigente, más aún en tiempos en que la confianza en las instituciones gubernamentales está en su nivel más bajo.

Este incremento salarial vuelve a poner en debate el uso de recursos en la política y si las decisiones de este tipo corresponden a una estrategia de fortalecimiento institucional o si, por el contrario, alimentan la percepción de privilegios y desperdicio en medio de un contexto social complejo.