“Desbarataré los cargos”: Villarán asegura defensa firme ante pedido de prisión de 29 años

La exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, enfrenta un proceso judicial en el que la Fiscalía solicita 29 años de cárcel por los presuntos delitos de asociación ilícita, colusión, lavado de activos y falsa declaración en procedimiento administrativo. La herencia del caso está ligada a la financiación de la campaña contra la revocatoria de 2013, supuestamente mediante aportes de las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS.

En la audiencia reciente, al concluir los alegatos de apertura, Villarán afirmó que su defensa responderá a cada cargo formulado por el fiscal José Domingo Pérez. “Me parece muy bien que lleguen (Leo Pinheiro y Jorge Barata). Nosotros vamos a desbaratar uno por uno los cargos”, declaró al salir de la sesión, subrayando su determinación de enfrentar las acusaciones con rigor jurídico.

Según la tesis de la fiscalía, José Miguel Castro —exgerente municipal de la gestión Villarán— habría solicitado cuatro millones de dólares a José Adelmário Pinheiro Filho, conocido como ‘Leo Pinheiro’, entonces presidente de OAS, como parte de la negociación relacionada con el proyecto Línea Amarilla. En la investigación también figura Jorge Barata, representante de Odebrecht en Perú, quien sería parte de los aportes a la campaña.

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La audiencia, sin embargo, no logró iniciar formalmente el juicio en contra de Pinheiro, ya que la notificación internacional no se concretó de manera adecuada. Por ello, el proceso quedó reservado respecto de su caso, mientras se resuelven las implicaciones procesales y la posibilidad de futuras solicitudes de cooperación.

Durante su intervención, Villarán criticó la exposición de la Fiscalía por no mencionar obras que, según dijo, beneficiaron a miles de familias durante su gestión municipal. “Me apena muchísimo que se haya olvidado, fiscal y procurador, de los pobladores de la margen izquierda del río Rímac, más de 2.500 familias que recibieron compensaciones justas para renegociar un contrato que había hecho el alcalde Castañeda en 2009 y que entregaba el 65% de los peajes”, afirmó, señalando percepciones de beneficios para la población afectada por la concesión.