Denuncias contra Pedro Castillo en el limbo: la espera que puede beneficiar su aspiración electoral.

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, bajo la dirección de la diputada María Acuña Peralta, ha mantenido congelado el trámite de dos denuncias que buscan inhabilitar por diez años al expresidente Pedro Castillo. A pesar de que ambas acusaciones fueron presentadas con ese objetivo, la tramitación no ha avanzado y aún no hay fecha definida para su debate o resolución.

Castillo, quien fue destituido el 7 de diciembre de 2022 tras un fallido intento de golpe de Estado, actualmente se encuentra recluido en el penal de Barbadillo. A pesar de ello, las denuncias presentadas por los congresistas Alejandro Muñante y Alejandro Cavero se mantienen en paralelo a su proceso judicial, sin que exista impedimento legal para que participe en las próximas elecciones del 2026. La denuncia no ha sido objeto de avances en el Congreso, y por ello, podría tener la posibilidad de postular y competir desde la prisión, si así lo decide.

El primer documento, presentado el 21 de enero con firma del legislador de Renovación Popular, Muñante, involucra la presunta infracción de 29 artículos constitucionales por parte de Castillo, quien, según señala, intentó “definir un golpe de Estado” con su mensaje a la nación del 7 de diciembre de 2022. También incluyó a Betssy Chávez, exprimer ministra, y a exministros de Defensa, Interior y Comercio Exterior, acusándolos de haber contribuido en esa presunta infracción constitucional. Muñante alertó que “el hecho de que Castillo y los implicados no tengan impedimentos para participar en futuras elecciones representa un riesgo para el sistema democrático”.

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Por su parte, la segunda denuncia, presentada por Cavero en marzo, también apunta a la infracción constitucional y a delitos de rebelión y conspiración. El legislador sostuvo que, dado el cargo que ocupaba en ese momento, Pedro Castillo “configuró un golpe de Estado que buscaba concentrar el poder y eliminar las instituciones democráticas”. Para Cavero, la gravedad del acto y la posición del exmandatario justifican una inhabilitación estricta de diez años, además de generar preocupación sobre la continuidad del proceso político y judicial en su contra.

A pesar de la claridad en los hechos y la gravedad de las acusaciones, la Comisión de Acusaciones Constitucionales, que preside María Acuña, aún no ha tomado una decisión concreta. La demora en el proceso plantea interrogantes sobre la posible participación de Castillo en las futuras elecciones, siendo que todavía está bajo proceso por rebelión y en prisión.

Mientras tanto, la ciudadanía observa con incertidumbre la lentitud del trámite, que podría permitir que Castillo, en caso de no ser impedido, vuelva a postularse, prolongando así la crisis institucional que ha marcado su mandato y posterior destitución.