Denuncian presión para desviar investigación a Tomás Gálvez mientras se investigaba el caso Cuellos Blancos

En un giro que ha reavivado el debate sobre la independencia del Ministerio Público, las fiscales Carolina Delgado y Alejandra Cárdenas denunciaron haber sido removidas de la Primera Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos. Según su versión, la decisión partió del fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez Villegas, mientras ambas magistradas llevaban a cabo diligencias vinculadas a un expediente que involucra al propio funcionario.

Delgado sostiene que su salida se produjo después de responder a un oficio en el que confirmó la existencia de una investigación preliminar contra Gálvez. Según su testimonio, durante una citación en el despacho del fiscal interino, este habría cuestionado ese informe y habría sugerido que la magistrada renunciara. Días más tarde, el 30 de octubre, apareció publicada en El Peruano la resolución que oficializó su cese y el de su adjunta.

Cárdenas, por su parte, indicó que su labor incluía diligencias relativas a la exfiscal de la Nación Patricia Benavides y a exmiembros de la Junta Nacional de Justicia, en una causa que estaba en apelación. Ambas fiscales coinciden en que la designación de Gálvez como interino habría generado un entorno en el que los procesos sensibles, como el caso conocido popularmente como “Cuellos Blancos del Puerto”, podrían verse afectados.

Las denunciantes sostienen que estas maniobras buscan frenar el avance de investigaciones relevantes para la justicia y para el buen funcionamiento de la autoridad fiscal. En respuesta a estos señalamientos, fuentes cercanas al despacho de la Fiscalía señalan que los traslados responden a medidas administrativas habituales en el marco de reorganización institucional, sin que ello implique coartar la labor de investigación.

Publicidad

El tema, además, se sitúa en el marco de tensiones institucionales más amplias, ya que Delgado y Cárdenas habían llevado diligencias que, ironicamente, involucran a figuras y cargos de alto perfil en expedientes de relevancia pública. Hasta el momento, el fiscal de la Nación interino no ha hecho declaraciones oficiales sobre el caso, mientras que las Fiscalías involucradas han pedido aclaraciones y fortalecimiento de garantías procesales para asegurar la independencia de sus pesquisas.

El Ministerio Público mantiene la instrucción de revisar estas denuncias y garantizar que las actuaciones administrativas no vulneren la autonomía funcional de las fiscalías especializadas. Mientras tanto, la sociedad observa con atención cómo se resuelven estas tensiones entre autoridades encargadas de vigilar a los actores de alto perfil y la preservación de la imparcialidad en las investigaciones.