Denuncian por hostigamiento a esposo de congresista Magally Santisteban.

En un reiterado giro de hechos que involucran a la esfera política y su equipo cercano, Samuel Ordóñez Sosa, esposo de la congresista Magally Santisteban, fue denunciado por dos trabajadores del Congreso por presuntos actos de acoso y hostigamiento. La revelación, publicada por Panorama, suma un nuevo capítulo a una serie de señalamientos que mantienen en el centro del debate a la dinámica de poder dentro de despachos parlamentarios.

La denuncia recoge testimonios de Roxana Dioses, exfuncionaria del despacho de Santisteban en 2024, quien acusa a Ordóñez de acoso sexual y sostiene que él habría ejercido control sobre la oficina de la congresista. Como sustento, la denunciante presentó conversaciones de WhatsApp en las que, según su versión, se manifiestan insinuaciones y avances no deseados. “Él siempre me ha insinuado cosas, pero nunca he cedido a sus artimañas. Me indicaba para salir a comer, me decía: ‘Hola, estás preciosa, estás hermosa’, y un sin número de cosas”, afirmó Dioses.

El expediente también describe un ambiente de presión hacia el personal del despacho, con señalamientos de trato desigual y despidos de trabajadores como si de un mando jerárquico se tratara. Edith Lorenzo, asesora del despacho, remitió una carta notarial a Ordóñez exigiendo poner fin a la violencia psicológica, al hostigamiento y a la difamación en su contra. “Mire, yo le he mandado una carta notarial por todos los actos de violencia. Lo que pasa es que yo no puedo decir mucho porque yo no soy persona pública”, comentó Lorenzo.

La congresista Magally Santisteban se pronunció al respecto y subrayó que debe ser Ordóñez quien responda por las denuncias presentadas. Aseguró, además, que actualmente ya no convive con él y enfatizó que las decisiones en su despacho las toma su personal, sin intromisiones externas. “Él no vive conmigo. Le vuelvo a repetir que las personas que hayan cometido un acto irregular tienen que responder mismas”, afirmó Santisteban.

Sobre las acusaciones hacia su despacho, Santisteban reiteró que Roxana Dioses trabajó en su oficina y partió por motivos de salud. Consultada sobre posibles otros denunciantes, la congresista señaló que, según fuentes, incluso ella podría haber sido objeto de situaciones similares; sin embargo, remarcó que el Poder Judicial, a instancias de programas del Ministerio de la Mujer, ya ha dictado medidas de protección.

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En respuesta a las denuncias, Samuel Ordóñez informó que se encontraba internado en una clínica y, al ser contactado, cortó la llamada. Panorama indica que, en la actualidad, tiene prohibido acercarse al Congreso y a su cónyuge. Este episodio coloca a Santisteban ante un dilema público: cómo gestionar una crisis que involucra a su círculo más cercano, manteniendo al mismo tiempo la confianza de su equipo y de la ciudadanía.

La situación abrió la puerta a un debate más amplio sobre las dinámicas de poder dentro de los despachos parlamentarios y la necesidad de mecanismos de protección y denuncia que funcionen de forma ágil y eficaz. El Ministerio de la Mujer y las instancias judiciales podrían verse requeridos a explicar las estrategias y recursos disponibles para víctimas en contextos de instituciones públicas.

Se mantiene la incógnita sobre los próximos pasos legales y administrativos. Lo que ya es claro es que este caso ha trascendido el ámbito privado para convertirse en un tema de interés público, con posibles implicaciones para la gestión de personal y la credibilidad de la representación.