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Denuncian al jefe del INPE por presunta estafa; pruebas incluyen chats, audios y fotos

  • owenvalencia20
  • hace 2 horas
  • 2 Min. de lectura
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El presidente del Consejo Nacional Penitenciario del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Emilio Iván Paredes Yataco, está involucrado en una acusación de presunta estafa que tiene su origen en Ayacucho y, de prosperar la denuncia, podría convertirse en una situación que lo lleve a las mismas instalaciones que hoy supervisa. Así lo reporta la edición dominical del semanario Cuarto Poder, a partir de un testimonio que ha generado un intenso debate en torno a la responsabilidad ética y profesional del funcionario.


La denuncia, presentada en julio del año pasado por Adela Huamancusi Quispe, sostiene que en abril de 2019 Le entregó un total de 80 mil soles (divididos en 20 mil dólares y 10 mil soles) en la oficina de Paredes cuando este ejercía como abogado, con la promesa de gestionar la liberación de su esposo. Según la denunciante, el resultado fue nulo y la promesa no se cumplió, lo que llevó a exigir la devolución del dinero. Ante la negativa, Adela formalizó la denuncia por estafa.


La fiscalía ha recibido un expediente con múltiples elementos que respaldan la versión de la denunciante: conversaciones de chat, fotografías y siete audios en los que el ahora jefe del INPE, según los trascendidos, no habría negado haber recibido el dinero, limitándose a proponer fechas para la devolución. En la memoria del expediente aparecen transcripciones en las que se escucha a Paredes responder: “yo se lo voy a devolver” y “el miércoles estamos quedando, 12 del medio día”. Estas voces, analizadas en el marco de la investigación, han generado señalamientos sobre posible corrupción y tráfico de influencias.


A ello se suman fotografías que, según la denuncia, muestran a Iván Paredes junto a Adela Huamancusi Quispe. En medio del reclamo de devolución, la respuesta de Paredes habría sido distinta: ante las insistentes demandas, se habría iniciado una denuncia policial por amenazas verbales por parte de la denunciante, en lugar de facilitar la devolución.


La historia también ha trascendido a nivel institucional. En marzo de 2023, la denuncia por estafa fue presentada ante el Colegio de Abogados de Lima. Tras una investigación interna, el Tribunal de Honor de la institución emitió un veredicto que sancionó a Paredes con un año de inhabilitación para ejercer la profesión, declarándolo indigno de ejercer la abogacía. Ante ello, el acusado recurrió ante el Poder Judicial para impugnar la resolución del colegio, pero el pronunciamiento definitivo aún no se ejecuta.

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A pesar de este historial, que incluye antecedentes policiales por conducir presuntamente en estado de ebriedad, intento de fuga y negación a someterse a pruebas de dosaje etílico, Paredes fue nombrado jefe del INPE hace apenas dos meses. Si la justicia concluye que es culpable, la persona que dirige las cárceles del país podría terminar convertido en un interno más de las instituciones que administra.


La evolución de este caso promete tener un impacto directo en la gestión penitenciaria y abre un debate sobre los mecanismos de nombramiento y las evaluaciones de integridad para cargos de alta responsabilidad en el sistema de justicia y seguridad.

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