Denuncia contra la fiscal de la Nación avanza en el Congreso; posibles efectos de inhabilitación de hasta 10 años
- owenvalencia20
- 4 sept
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La denuncia constitucional contra la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, avanza en el Congreso y podría derivar en su inhabilitación por diez años para ejercer cargos públicos. Después de semanas de trámites y debates, la Comisión Permanente otorgó un plazo de 15 días a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para que investigue el caso y presente un informe final que permita continuar el proceso hacia el Pleno.
El expediente, que centra su atención en posibles favores y pactos entre autoridades, sustenta la acusación en presuntas irregularidades vinculadas a decisiones administrativas y funcionales dentro de la Fiscalía. En particular, la denuncia insiste en un supuesto intercambio de favores con el fiscal supremo Pablo Sánchez, apuntando a beneficios mutuos que afectarían la independencia y la integridad de las funciones judiciales.
Detalles clave del desarrollo reciente
Votos en la Comisión Permanente: 17 a favor de otorgar el plazo de 15 días, 0 abstenciones. Dos ausencias relevantes en el debate: Víctor Cutipa y Alfredo Pariona votaron en contra, markedos que podrían verse como señales de distintas corrientes políticas dentro del debate.
Base de la acusación: la Fiscalía mantiene que Espinoza podría haber incurrido en infracciones contempladas en la Constitución y en delitos administrativos relevantes, entre ellos cohecho activo específico y encubrimiento personal.
Acusación central: la denuncia argumenta que Espinoza habría ofrecido al fiscal supremo Pablo Sánchez el archivo de una investigación en su contra a cambio de recibir su apoyo para su elección como fiscal de la Nación.
Trayectoria procesal: tras la revisión actual, el caso debe regresar a la Subcomisión, para luego avanzar a la Permanente y, si corresponde, al Pleno para la decisión final.
Contexto de otros casos: la Comisión Permanente aprobó también un plazo de 15 días para la Subcomisión en una serie de expedientes paralelos, entre los que destacan procesos contra altos cargos por temas de gestión pública y compras de pruebas rápidas en distintas carteras.
La Comisión Permanente señaló que el plazo temporal será aprovechado para revisar diversas denuncias que involucran a expresidentes y exministros, con temas que van desde compras estatales de pruebas hasta contrataciones y posibles abusos de autoridad. Entre los expedientes figura la denuncia contra el expresidente Martín Vizcarra y exministros vinculados a compras masivas de insumos médicos, así como el supuesto favorecimiento a relaciones personales en contratos ministeriales. Cada caso recibirá el mismo plazo de 15 días para su sustanciación por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.
Este proceso subraya la compleja tarea de equilibrar la independencia judicial con la vigilancia política necesaria para preservar la integridad de las instituciones. En el manejo de estas denuncias, la Subcomisión deberá realizar una revisión rigurosa de hechos, documentos y posibles indicios de conflicto de interés, manteniendo la debida diligencia y transparencia ante la opinión pública. El resultado final dependerá de la capacidad de la Subcomisión para traducir los hallazgos en un informe sólido que, de ser necesario, se eleve al Pleno para su decisión definitiva.
Más allá de cada expediente concreto, este caso suma a un debate mayor sobre la confianza en las instituciones y la necesidad de mecanismos claros para prevenir influencias indebidas. A medida que el proceso avance, la expectativa estará centrada en si las pruebas presentadas sostienen o no una sanción severa que, de aplicarse, tendría un impacto significativo en la continuidad de las funciones de la fiscalía y en la percepción pública sobre la integridad de sus titulares.
