Denuncia constitucional contra Héctor Ventura por presunta promoción irregular y privilegios dentro del Legislativo.

La Fiscalía de la Nación formalizó una denuncia constitucional contra el congresista de Fuerza Popular, Héctor Ventura, a quien atribuye haber utilizado su cargo para beneficiar a una trabajadora de su despacho con ascensos y privilegios dentro del Congreso de la República. El proceso, que la Fiscalía describe como un caso de posible enriquecimiento ilícito y denuncias constitucionales, fue elevado por el Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Parlamento para su evaluación.

Según el protocolo del Ministerio Público, Ventura estaría involucrado en presuntos delitos de negociación incompatible o aprovechamiento indebido del cargo, en perjuicio del Estado. La acusación se centra en la supuesta actuación del congresista para favorecer a Gabriela Soria, técnica de su equipo de trabajo, con un ascenso a la categoría de asesora II y con una serie de beneficios que, según la Fiscalía, exceden las cifras y criterios habituales del instituto de ascensos.

Entre los argumentos presentados por la Fiscalía, se detallan beneficios que no se limitan a un cambio de nivel contractual. Se mencionan ingresos fuera del horario laboral, incremento de remuneración, salidas de carácter extralaboral y la autorización para usar el estacionamiento del Parlamento. La investigación sostiene que dichas decisiones reflejan un “interés indebido y directo” por parte del congresista, al promover ventajas personales sin justificación técnica ni administrativa.

La denuncia llega en un momento en que el Congreso se encuentra en un proceso de revisión de acusaciones constitucionales, y añade presión sobre una institución que debe garantizar la transparencia y el adecuado uso de sus procesos de ascenso. Para la Fiscalía, el hecho de que un cargo público se utilice para favorecer a un allegado vulnera principios básicos de mérito, objetividad y equidad que rigen la función pública.

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Con la denuncia ya en trámite, el destino del caso está en manos de la Cámara Baja. El Legislativo deberá decidir si admite a trámite la acusación y, de ser así, abrir un proceso que podría concluir en sanciones políticas o, en última instancia, consecuencias penales si se corrobara la materialidad de los hechos. Hasta ahora, Ventura mantiene una postura de reserva y no ha hecho declaraciones oficiales a la prensa sobre el tema.

El MP subrayó que, más allá de las responsabilidades individuales, el caso plantea una cuestión crucial para la confianza ciudadana: la necesidad de que las decisiones administrativas, especialmente las que implican ascensos y beneficios laborales, se ajusten estrictamente a criterios técnicos, normativos y de probidad. En ese marco, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales podría emitir un pronunciamiento que determine el siguiente paso procesal.