Demanda de la JNJ ante el TC busca frenar regreso de Delia Espinoza a la Fiscalía
- owenvalencia20
- 18 nov.
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La Junta Nacional de Justicia (JNJ) anunció este martes que interpuso una demanda competencial ante el Tribunal Constitucional, en la que acusa al Poder Judicial de exceder sus atribuciones y de vulnerar el principio de separación de poderes. El motivo central es la intervención percibida en el proceso de suspensión de la fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, y la admisión de una acción de amparo impulsada por IDL contra la elección de los miembros de la JNJ.
La acción llega ocho días después de que el Noveno Juzgado Constitucional ordenara suspender de manera provisional todos los procesos disciplinarios contra Espinoza para permitir su retorno al cargo. Según el documento difundido por el periodista Diego Casimiro, la JNJ fundamenta su demanda en un supuesto uso indebido de competencias por parte del Poder Judicial, con base en lo que consideran una violación del principio de separación de poderes consagrado en los artículos 154 y 157 de la Constitución.
La Junta sostiene que aún no ha sido notificada formal y debidamente de la decisión que dispone su reincorporación. Afirman haber tomado conocimiento de la resolución del Noveno Juzgado Constitucional a través de los medios y no por los canales oficiales. En ese contexto, señalan que la resolución 9, expedida el 10 de noviembre de 2025, representa una extralimitación de las competencias del Poder Judicial y una ruptura del principio de congruencia procesal.
La JNJ advierte que, de sostenerse la medida cautelar adoptada por el Poder Judicial, podría dejarse sin efecto el procedimiento disciplinario de alto impacto en el marco de sus atribuciones constitucionales, abriendo la posibilidad de que se descomponga la tramitación de procesos de selección, ratificación y expedientes disciplinarios bajo su responsabilidad. En palabras de la institución, “los efectos podrían derivar en parálisis del sistema de justicia y perjuicios graves para su funcionamiento”.
La JNJ reconoce que el Poder Judicial puede conocer demandas de amparo contra la institución; no obstante, sostiene que permitir ese paraguas habilitaría una afectación directa a las funciones constitucionales y un ejercicio irregular de sus competencias.
La JNJ añade que, si se confirmara la medida cautelar promovida por IDL en febrero de este año para invalidar la elección de los integrantes de la Comisión Especial de Selección, se generaría un perjuicio institucional significativo. Sostiene que el fallo podría impedir la continuación de procesos de selección y ratificación, así como el tramitado de expedientes disciplinarios de la JNJ, con el consiguiente riesgo de parálisis operativa del sistema de justicia.
La JNJ reitera que, si bien el Poder Judicial puede resolver demandas de amparo, esa posibilidad no debe implicar una afectación directa a las funciones constitucionales de la institución que supervisa la justicia. Una decisión judicial que desactive por completo las funciones de la JNJ, afirma, sería un menoscabo al ejercicio de sus competencias.
En febrero pasado, el Instituto de Defensa Legal (IDL) y dos ciudadanas presentaron tachas al proceso de selección de los miembros de la JNJ, señalando presuntas irregularidades. Según la JNJ, esas preocupaciones no fueron adecuadamente atendidas. Una de las acusaciones centrales es la falta de transparencia en la documentación, herramientas y protocolos que, a juicio de la institución, podrían haber prevendido conflictos de interés y acreditar méritos académicos.
La JNJ sostuvo que la sociedad no ha sido debidamente informada sobre los criterios y documentos del concurso, lo que a su juicio podría haber dejado opacidades en la selección de los integrantes de la junta. Por su parte, IDL no ha ofrecido declaraciones públicas alternativas en este resumen, pero mantiene que la transparencia del proceso debe ser una prioridad para garantizar la legitimidad de las designaciones.
