Delia Espinoza pide suspensión del proceso disciplinario y la inhibición de Cabrera Vega ante la JNJ

En un intento por preservar la integridad de la investigación y evitar posibles sesgos, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó ante la Junta Nacional de Justicia (JNJ) una solicitud de suspensión del proceso disciplinario que enfrenta por presuntas omisiones en la ejecución de la resolución que ordenó la reposición de Patricia Benavides como fiscal suprema y titular del Ministerio Público. En el escrito, la fiscal también reclama la inhibición de la magistrada María Teresa Cabrera Vega, presidenta de la JNJ, y de otros integrantes del pleno.

La defensa legal de Espinoza sostiene que la solicitud de suspensión se fundamenta en un conflicto de intereses manifiesto: varios de los titulares de la JNJ están involucrados en un proceso de amparo promovido por la fiscal y, al mismo tiempo, se encuentran bajo investigación en carpetas fiscales abiertas. Este escenario, afirma la defensa, vulnera el principio de imparcialidad objetiva que debe regir un procedimiento disciplinario.

Entre los argumentos presentados, la fiscal de la Nación señala que María Teresa Cabrera Vega —actual vicepresidenta de la JNJ— figura como parte demandada en el amparo promovido por Espinoza. Según el documento al que tuvo acceso RPP, Espinoza Valenzuela argumenta que “comparecen como parte demandada en el proceso constitucional de amparo promovido por la suscrita, que tutela derechos fundamentales frente a la vulneración actual, directa e inmediata” causada por la resolución que ordenó la reposición de Benavides.

Espinoza añade que resulta jurídicamente incompatible que la instructora Cabrera Vega, y presumiblemente otros integrantes de la JNJ, dirijan un procedimiento disciplinario contra la parte demandante cuando, paralelamente, se encuentran cuestionados en el amparo que cuestiona la validez de la resolución impugnada. “La posibilidad de que la misma autoridad que se defiende en sede constitucional pueda, a la vez, juzgar disciplinariamente a la parte demandante por hechos estrechamente vinculados a la resolución impugnada, compromete la garantía del debido procedimiento”, señala el escrito.

La defensa también subraya la existencia de “carpetas fiscales” abiertas contra Cabrera Vega y otros miembros del pleno, por presuntos delitos como abuso de autoridad, usurpación de funciones, acoso y avocamiento ilegal. Entre las deudas judiciales que cita figuran indicios de hostigamiento y cambios frecuentes de conductores asignados a un magistrado, lo que, para Espinoza, evidencia un conflicto de intereses real y directo.

En esa línea, la defensa sostiene que mantener a Cabrera Vega —y, de ser el caso, a otros miembros de la JNJ investigados— al frente del proceso disciplinario no sólo quebranta la imparcialidad objetiva, sino que erosiona la confianza pública en la neutralidad de la autoridad disciplinaria. El escrito subraya que “el estándar constitucional no puede ser asimétrico” y propone, como única medida compatible con la Constitución, la suspensión del procedimiento disciplinario hasta que desaparezca la causa objetiva del conflicto de intereses, ya sea mediante la conclusión del amparo o el cierre de las carpetas fiscales pertinentes.

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El documento presentado por la defensa solicita, en paralelo, que la JNJ adopte medidas para evitar cualquier sesgo durante la tramitación del caso, y que, en el futuro, cuando existan indicios de conflictos de interés, se extremen las salvaguardas para garantizar un proceso imparcial y transparente.

Este giro en la conversación pública se produce en un contexto en el que la actuación de la JNJ está bajo escrutinio. Por ello, desde la defensa de Espinoza se afirma que la neutralidad del órgano disciplinario es un requisito fundamental para la credibilidad del sistema judicial y, en última instancia, para la confianza de la ciudadanía en las instituciones.