Delia Espinoza: “la investidura está protegida, pero la acción penal continúa”

En una conferencia de prensa realizada esta mañana, la fiscal de la nación, Delia Espinoza, aclaró los alcances del reciente fallo del Tribunal Constitucional (TC) que ordena suspender tres investigaciones abiertas contra la presidenta Dina Boluarte. Aunque el fallo impone criterios para resguardar la investidura presidencial durante el proceso, Espinoza enfatizó que no implica la paralización de toda la actividad del Ministerio Público.

“El TC ha sido cuidadoso. No nos ha dicho ‘no investiguen’; nos ha dicho ‘podrán investigar respetando la dignidad de la investidura’. Eso es lo que vamos a hacer”, afirmó Espinoza ante los periodistas, subrayando que el ente investigador continuará persiguiendo conductas delictivas fuera de las carteras afectadas por la suspensión.

La jefa de Estado envió ayer un escrito al TC para solicitar una aclaración que limite, durante su mandato, el número de pedidos de información o de documentos que pueda hacer la Fiscalía. Según Boluarte, sin ese límite podría desvirtuarse la protección de la investidura y entorpecerse el desempeño de su cargo.

La fiscal de la nación sostuvo que la resolución del TC comprende tres carpetas fiscales que ya habían sido remitidas al Congreso mediante denuncias constitucionales: la presunta organización criminal —en la que figuran el hermano de la presidenta y su abogado Mateo Castañeda—, la investigación por las protestas sociales de 2023 y el conocido caso Rolex. “Estas tres pesquisas ya habían sido entregadas al Parlamento, por lo que la suspensión no tiene mayor consecuencia hasta que culmine el mandato”, comentó.

En cuanto a la situación de las denuncias, Espinoza detalló que la presidenta acumula 67 denuncias, de las cuales 29 ya fueron archivadas en la gestión actual. Otras nueve están en trámite en el Congreso con denuncia constitucional; tres de ellas podrían reabrirse al finalizar el mandato, advirtió la fiscal.

“A lo largo de esta gestión nunca se ha convocado a la presidenta, ni se ha vulnerado su investidura o dignidad personal. Eso está totalmente descartado”, afirmó Espinoza, al insistir en que la función de persecución de delitos no retrocederá ante casos de corrupción. “No podemos dejar de investigar los presuntos delitos de corrupción, porque sería contradecir la Constitución y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción”, añadió.

Sobre la operatividad del fallo, la fiscal señaló que, al concluir las diligencias preliminares, se suspenderán las actuaciones donde corresponda hasta el final del mandato. Se anticipó que podría cambiar la forma de remitir información: quizá ya no se envíen directamente al Congreso, pero la investigación no se detendrá en ningún caso.

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La conversación también abordó la dimensión institucional de estas pesquisas y la necesidad de equilibrio entre la responsabilidad de la Fiscalía y la garantía de la investidura presidencial. Espinoza reiteró que la Fiscalía no renuncia a su función y continúa evaluando cada paso conforme a la legalidad vigente y a los principios de celeridad y exhaustividad.

En resumen, la fiscal de la nación dejó claro que, aunque existen límites y lineamientos derivados del fallo, la labor de investigación del Ministerio Público no se detiene en términos generales: se ajusta a criterios de protección de la investidura pero mantiene su compromiso con la persecución de presuntos delitos.

Notas finales: la portavoz recordó que las tres expedientes en cuestión habían sido remitidos al Parlamento y que, en ese marco, la suspensión del proceso no implica un efecto inmediato más allá del mandato presidencial.