Delia Espinoza exige por tercera vez la resolución completa del caso Benavides a la JNJ

Por tercera ocasión, la fiscal de la Nación, Delia Espinoza Valenzuela, envió un oficio dirigido al presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), Gino Ríos Patio, reiterando la solicitud formal para que le remitan la resolución completa y debidamente firmada del proceso que resolvió el recurso de nulidad contra Patricia Benavides, exfiscal de la Nación. La resolución en cuestión, la N° 231-2025, fue emitida el pasado 12 de junio y, desde entonces, Espinoza ha insistido en obtener la documentación íntegra y oficial que respalde esa decisión.

En el oficio n° 192-2025-MP-FN, la fiscal expresó su preocupación por la ausencia de respuestas claras a sus pedidos anteriores realizados el 16 y 20 de junio, en los cuales solicitó copia de la resolución, el acta de la sesión del Pleno de la JNJ en que se tomó la decisión, y el registro audiovisual correspondiente. La advertencia de la representante del Ministerio Público indica que los comunicados emitidos en los días 19 y 20 de junio por la JNJ no tienen carácter legal ni sustituyen los requerimientos que establece la normativa vigente para la transparencia y formalidad del proceso.

Espinoza recordó que, conforme al artículo 8 de la Ley Orgánica de la JNJ, los votos y calificaciones de sus miembros “tienen carácter público y deben ser motivados”. También citó los artículos 36 y 55 del Reglamento del Pleno, que establecen que las sesiones deben transmitirse públicamente y que todas las resoluciones deben estar firmadas por los miembros presentes e identificadas con las siglas “PLENO-JNJ”, garantizando así la transparencia y la legalidad del proceso. La insistencia de la fiscal evidencia un escenario en el que la falta de documentación oficial retrasaría decisiones clave en el proceso que afecta a Patricia Benavides, además de cuestionar la transparencia de las instalaciones judiciales y administrativas del órgano de justicia.

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Este hecho se produce en medio de un clima de tensión y debate sobre la validez de las decisiones tomadas en la Junta, que sigue siendo objeto de controversia pública y judicial, y que refuerza la necesidad de que los procedimientos cumplan estrictamente con los requisitos de legalidad, motivación pública y transparencia, fundamentales en la institucionalidad del Estado peruano.