César Acuña: Fiscalía investiga millonarios contratos de obras.

El 8 de julio de este año, en la provincia de Virú, en la región de La Libertad, todo parecía una celebración. La comunidad se congregaba para presenciar la colocación de la primera piedra del ansiado Hospital de Virú, un proyecto que prometía transformar la acceso a servicios de salud para más de 125,000 habitantes. La ceremonia estuvo encabezada por César Acuña, gobernador regional de La Libertad, quien no ocultó su entusiasmo y agradeció públicamente la colaboración de las autoridades y funcionarios presentes. Entre ellos, destacó a su gerente general, Martín Namay, y al ministro de Salud, César Vásquez, también aliado de la administración regional y militante de Alianza para el Progreso.

El ambiente festivo contrasta con la sombra de dudas que rodean la construcción: los principales responsables de la obra, los contratistas, no estuvieron en la ceremonia ni aparecieron públicamente. Se trataba de Lucero Coca Condori, de 23 años, gerente general de LC&EC Constructora, y sus socios, Joel Yangari Cartolín y Santiago Enrique Riva, quienes forman parte del cuestionado Consorcio Hospital Virú.

Lucero Coca, una joven recién egresada de Derecho, pasó de ser una desconocida en el sector a gestionar un contrato por 194 millones de soles, la suma destinada a levantar un hospital que, según informes, ha despertado múltiples suspicacias. La historia de Coca se entrelaza con la de JM Constructores Peruanos, empresa fundada en 2014 por los hermanos Joel y Nelly Yangari Cartolín, que también ingresó rápidamente al circuito de los contratos públicos, acumulando millones en obras incluso antes de asegurar la millonaria licitación del Hospital de Virú.

De acuerdo con registros oficiales, JM Constructores, en apenas tres años, ya había contratado con el Estado en varias ocasiones, principalmente en el sector transporte y salud, sumando obras por más de 200 millones de soles antes del proyecto viruano. No obstante, lo que llama la atención es la relación de la empresa de Joel Yangari con el Grupo Johesa, dirigido por su hermano Saúl, que desde 2016 ha acumulado numerosos contratos en diversas regiones del país.

Este grupo ya había sido objeto de cuestionamientos, incluida una sanción por presentar información inexacta en una licitación, aunque ello no detuvo su expansión. De hecho, en 2024, lograron un contrato de más de 678 millones de soles para construir un puente en Chorrillos, en Lima.

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Por otro lado, la participación de la empresa argentina Riva Inmobiliaria Industrial en el consorcio también genera suspicacias, dado que ha sido contratada previamente para obras públicas en la región. La Fiscalía de Trujillo ya inició una investigación preliminar por posibles irregularidades en las contrataciones por parte del Gobierno Regional de La Libertad, centrando sus sospechas en la relación entre las empresas y la joven gerente de la constructora, Lucero Coca.

Mientras tanto, desde la comunidad y distintos sectores políticos, crecen las voces que exigen mayor transparencia y rendición de cuentas en estos millonarios contratos, que involucran recursos públicos y el futuro de una obra que, por ahora, sigue en marcha, bajo la vigilancia de la justicia.