Cuatro expresidentes en prisión: Vizcarra se suma a Toledo, Humala y Castillo

En una jornada que marca un nuevo hito en la historia judicial del Perú, la Fiscalía ordenó la prisión preventiva contra Martín Vizcarra, ex presidente entre 2018 y 2020, ubicado en el marco de las investigaciones por el caso Lomas de Ilo y el Hospital de Moquegua. Con ello, el país se aproxima a una realidad sin precedentes: cuatro expresidentes bajo privación de la libertad, ya sea por condenas vigentes o por procesos judiciales relacionados con presuntos actos de corrupción.

La medida sitúa a Vizcarra junto a Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), quienes ya se encuentran recluidos en distintos recintos penales. En paralelo, Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) permanece bajo investigación, con impedimento de salida del país, tras haber pasado tres años de arresto domiciliario. La Fiscalía ha solicitado para Vizcarra una pena de 15 años de cárcel, argumentando la recepción de 2,3 millones de soles en sobornos cuando ejerció como gobernador de Moquegua (2011-2014) y, según la acusación, una parte de ese dinero durante su periodo como ministro de Transportes y Comunicaciones y vicepresidente del gobierno de Kuczynski (2016).

El Instituto Nacional Penitenciario (Inpe) aún no ha confirmado el penal donde Vizcarra cumplirá la detención, aunque las estimaciones apuntan a Barbadillo, el mismo recinto que acoge a Toledo, Humala y Castillo. En el expediente, la Fiscalía detalla además el contexto de otros casos de alto perfil: Toledo fue condenado en 2024 a más de 20 años por colusión y lavado de activos en relación con sobornos de Odebrecht para la Carretera Interoceánica; Humala enfrenta una condena de 15 años por lavado de activos vinculada a aportes ilícitos para sus campañas de 2006 y 2011, con un pedido adicional de 35 años en el caso Gasoducto Sur Peruano; Castillo permanece en prisión preventiva desde diciembre de 2022 tras hechos vinculados a su intento de disolver el Congreso y gobernar por decreto, dentro de acusaciones de corrupción.

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Este episodio agrava una percepción de crisis de legitimidad entre las más altas autoridades del país, reflejada en el creciente número de expresidentes investigados y condenados en las últimas dos décadas. En el marco de las investigaciones actuales, la defensa de Vizcarra podría argumentar exposiciones procesales o nulidades, mientras que los próximos pasos judiciales definirán la duración y el alcance de la medida cautelar y, en su caso, las responsabilidades penales definitivas.