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Control en penales: apagón eléctrico para comunicaciones y visitas limitadas en Lima y Callao.

  • owenvalencia20
  • 22 oct.
  • 2 Min. de lectura
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Lima Metropolitana y Callao viven una batería de medidas en el marco del estado de emergencia declarado para sus penales, anunciadas por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Ortiz Martínez, tras operativos conjuntos que revelaron el uso de equipos electrónicos y vínculos con redes delictivas.


Durante una actividad oficial, el titular de Justicia detalló que entre las disposiciones se contemplan medidas que van desde un ajuste del suministro eléctrico hasta modificaciones en el régimen de visitas y un refuerzo de la presencia policial y militar en zonas aledañas. “Estas acciones buscan restablecer el control, cortar la comunicación con redes criminales y garantizar la seguridad dentro y fuera de los penales”, afirmó Ortiz Martínez.


El plan contempla un “apagón electrónico” cuyo objetivo es restringir el uso de energía dentro de los centros penitenciarios exclusivamente a la iluminación, prohibiendo la recarga de celulares, radios y otros dispositivos para impedir comunicaciones ilegales desde el interior. En paralelo, se establece un nuevo régimen de visitas:


  • Internos en régimen cerrado ordinario: una visita cada quincena.

  • Internos en régimen cerrado especial de alta peligrosidad: hasta dos visitas en el mismo periodo.


El ministro subrayó que estas restricciones apuntan a cortar la relación entre internos y organizaciones externas, dificultando redes de crimen organizado que operan desde las cárceles.


El Ejecutivo anunció la creación de comandos conjuntos integrados por la Policía Nacional, el Ejército y serenazgos distritales que realizarán patrullajes permanentes y control perímetral en las cercanías de los penales de Lima y Callao. Entre las funciones estarán la supervisión de vías troncal, gestión de tránsito, vigilancia de perímetros y desmantelamiento de antenas ilegales ubicadas en el entorno, cumpliendo con la norma que prohíbe asentamientos a menos de 200 metros de los centros penitenciarios.


“El Ejército tendrá un rol clave en la custodia externa de los penales para garantizar el cumplimiento de las restricciones y reforzar la seguridad nacional”, comentó Ortiz Martínez.

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Como parte de un fortalecimiento institucional, el Ministerio de Justicia aprobó que el personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) se someta a pruebas con polígrafo como medida preventiva para detectar posibles vínculos con redes delictivas que operan desde las cárceles. Todas las medidas se amparan en el Decreto Supremo que oficializa el estado de emergencia y se implementarán de forma progresiva en todos los penales de Lima y Callao.


Los recientes operativos en San Juan de Lurigancho y Ancón permitieron la incautación de armas blancas, celulares, dispositivos satelitales y libretas con anotaciones, lo que refuerza la necesidad de un control más riguroso y coordinado. Ortiz Martínez cerró reiterando que “el estado de emergencia nos permitirá articular acciones de inteligencia, control electrónico y vigilancia interinstitucional, con el objetivo de erradicar la criminalidad organizada desde los centros penitenciarios”.

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