Contraloría revela manejo irregular de S/92 millones en reconstrucción del estadio para Bolivarianos 2025

En la víspera de la inauguración de los Juegos Bolivarianos 2025, la gestión regional de Ayacucho enfrenta un nuevo escándalo. La Contraloría General de la República ha identificado una transferencia irregular por 92 millones de soles destinados a la reconstrucción del estadio Cuna de la Libertad Americana, y señala posibles responsabilidades penales para 15 funcionarios involucrados, incluido un alto funcionario cercano al gobernador Wilfredo Oscorima.

El informe, resultado de un trabajo conjunto entre la Contraloría y la investigación periodística de Punto Final, detalla que, en 2023, Oscorima aseguró que el estadio estaría listo para diciembre de 2025. No obstante, con la llegada de 2025, el panorama dista mucho de aquel pronóstico. Las obras no presentan arcos ni estructuras definidas, y, según el progreso reportado, la obra apenas alcanza un 18% de avance. Además, el presupuesto se ha elevado de forma significativa, llegando a 422 millones de soles.

La Contraloría señala que el Gobierno Regional aprobó entregar un adelanto considerable al Consorcio Deportivo Libertad sin exigir las cartas fianza que el pliego de la licitación imponía como requisito indispensable. En lugar de ello, el consorcio —liderado por Consultoría y Construcción Grupo Pérgola— propuso sustituir aquella garantía por un fideicomiso. Esa modificación fue aceptada por la entidad, a pesar de ir en contra de lo establecido inicialmente.

Sin embargo, los fondos no se depositaron en el fideicomiso como debía. Parte de esos recursos se transfirieron directamente a la cuenta de Pérgola, miembro del consorcio. La empresa sostiene que se trató de un “error” del Gobierno Regional y que el dinero fue devuelto días después; sin embargo, la Contraloría concluye que parte de los fondos se transfirieron 28 días después, otorgando a la firma una liquidez millonaria sin intereses ni garantías.

Adicionalmente, el consorcio intentó ampliar el plazo de entrega de la garantía de fiel cumplimiento mediante una norma dirigida a las Mypes, aun cuando ninguna de las empresas del grupo cumplía con los requisitos. En el caso de Pérgola, la Sunat reporta entre 900 y 1,000 trabajadores mensuales, un dato que no concuerda con las condiciones del régimen utilizado.

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Entre los señalados por la Contraloría se cuentan 15 funcionarios, incluido Eduardo Huacoto Díaz, gerente general del Gobierno Regional y cercano a Oscorima, además de ser señalado como posible sucesor. Su nombre figura entre los responsables en el informe, elevando el grado de controversia política alrededor de la gestión regional.

A pesar de la magnitud de las acusaciones, ni Oscorima ni portavoces del Gobierno Regional han ofrecido declaraciones públicas sobre el tema. El escándalo se suma a las críticas por la gestión de la reconstrucción del estadio y la falta de avances notables a pocos meses de un evento de alto perfil internacional. Con la revisión de la Contraloría en curso, el destino de los fondos y la continuidad de la obra siguen siendo objeto de escrutinio.