Consejo Fiscal: Congreso aprueba 101 leyes costosas que suman S/ 35.795 millones

En un informe sin precedentes, el Consejo Fiscal —órgano autónomo responsable de vigilar la sostenibilidad de las finanzas públicas— alertó este martes que el Congreso en su periodo 2021-2026 ha aprobado 101 leyes con impacto fiscal adverso. En conjunto, estas normas implican un costo al erario de 35.795 millones de soles y, según el organismo, su magnitud supera con creces cualquier antecedente reciente. “Es una escala imposible de manejar en presupuesto. Es realmente inédito”, afirmó Alonso Segura, presidente del Consejo Fiscal, durante una conferencia de prensa que, según la entidad, fue inusual por la amplitud de las cifras mostradas.

La cifra de 101 leyes adversas representa una fracción del total de 229 leyes con impacto fiscal aprobadas en el quinquenio, número que triplica el promedio histórico de los últimos 15 años (2006-2020), cuando se aprobaron en promedio 68 normas de este tipo. En la comparación, el propio Consejo Fiscal subrayó que, entre 2006 y 2020, las leyes con efectos fiscales relevantes no superaban 30 en todo ese periodo.

“En esta aversión al tesoro público hay responsabilidades compartidas entre Congreso y Poder Ejecutivo”, afirmó Segura. El exministro añadió que, si bien el Gobierno ha tenido un rol, la administración actual habría dejado de usar herramientas institucionales para frenar la aprobación de proyectos con impacto negativo en las finanzas públicas. En particular, el estudio señala que el Gobierno habría dejado de observar más de la mitad de las normas aprobadas: “El 56% de las 229 leyes no las ha observado. Son leyes que tienen impacto fiscal enorme”, señaló el presidente del Consejo.

A la vez, el informe destaca que el Ejecutivo no ha recurrido, en la mayoría de los casos, a la acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional. De las 181 leyes que implican gasto, solo tres fueron derivadas al TC en la gestión anterior, de Dina Boluarte, según el Consejo Fiscal. “En los últimos tres años, ha llevado tres y de ahí ninguna, cuando han habido decenas de normas que generan gastos públicos”, advirtió Segura.

El análisis también detalla las diez normas con mayor costo fiscal del quinquenio, que suman 72.962 millones de soles, y que, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), aún no han sido incorporadas en el Marco Macroeconómico Multianual. Estas medidas son, según el Consejo Fiscal, transitorias pero recurrentes, con costos que pueden ser de una sola vez y costos anuales continuos.

La norma más onerosa identificada por el organismo es la Ley 31495, que autoriza un bono por preparación de clases a docentes, con un impacto recurrente estimado en 40.561 millones de soles. Le sigue la Ley 32387, que modifica la distribución del IGV para ampliar el Fondo de Compensación Municipal (Foncomun), transfiriendo mayores recursos a municipios pero reduciendo los ingresos del Gobierno Central, con un costo anual de aproximadamente 8.500 millones de soles. En tercer lugar figura la Ley 31729, que actualiza el bono de reconocimiento para afiliados a la ONP, con un efecto transitorio estimado en 6.380 millones.

Entre las demás medidas destacan la Ley 32434, conocida popularmente como la “Ley Chlimper 2.0”, que restablece un régimen tributario preferencial para grandes agroexportadoras al reducirles la tasa del Impuesto a la Renta al 15% y ofrecer deducciones por compras a pequeños productores. El Consejo Fiscal estima que esta medida generará una pérdida de recaudación de 1.170 millones de soles anualmente. Economistas, como Eduardo Zegarra, han advertido que se trata de una política regresiva que agrava las brechas entre el agro exportador y la agricultura de subsistencia.

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Para el Consejo Fiscal, hay también exoneraciones y distorsiones en zonas económicas y en la agroindustria que sacrifican ingresos, lo que enfatiza el exmiembro Javier Alfredo Escobal: “hay un número importante de medidas que sacrifican ingresos. Tenemos exoneraciones de zonas económicas y de agroindustria”. Segura añadió que muchas exoneraciones, como la Ley Chlimper 2.0, carecen de sustento técnico suficiente.

El organismo concluye que la carga fiscal para el erario se concentra en un conjunto limitado de leyes, y advierte que, sin correcciones, estas decisiones pueden seguir presionando las cuentas públicas. Aunque el informe llama a una revisión cuidadosa, no determina recomendaciones específicas de reformas, subrayando la necesidad de coordinar esfuerzos entre el Congreso y el Ejecutivo para evitar deterioros fiscales significativos.