Congreso prepara sanciones contra 13 empresas chinas implicadas en obras públicas.
Después de más de dos años de investigaciones, la verdad acerca de las empresas chinas involucradas en contratos con el Estado peruano está a punto de salir a la luz. El informe final de la comisión investigadora del Congreso será sometido a votación en el Pleno este jueves 14 de agosto, culminando un proceso que ha estado marcado por irregularidades, denuncias y una serie de hallazgos que ponen en evidencia las presuntas fallas en la gestión pública y en las licitaciones públicas durante los gobiernos de los últimos años.
Este documento, que cobra especial relevancia en el contexto actual, evidencia que 13 compañías chinas han estado vinculadas a un total de 93 contratos con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) entre 2018 y 2022, con un monto aproximado que supera los S/ 12 mil millones. Entre estas empresas, destaca China Gezhouba Group, conocida por su historial de controversias y problemas en diferentes obras del país, y que actualmente continúa ganando nuevas licitaciones, como la construcción de la carretera Boca del Río en Tacna, una obra valorada en más de S/ 600 millones.
El proceso de selección de esta obra generó polémica, ya que las tres empresas finalistas, todas chinas, presentaron ofertas con igual puntaje e importe, lo que despertó sospechas sobre la transparencia del concurso y la posible manipulación del proceso.
El informe revela que China Gezhouba Group, una de las principales investigadas, tiene deudas pendientes con la SUNAT por S/ 151,000 y enfrenta acusaciones por retrasos y abandono de obras anteriores, además de tener pendientes pagos con subcontratistas, como Equipos Atenuz S.A.C.
Asimismo, la investigación del Congreso detectó irregularidades específicas en contratos como el N° 176-2020-MTC/21, suscrito en septiembre de 2020 por más de S/ 63 millones, en la que se evidenció un avance físico menor al programado, un incremento contractual no sustentado y una serie de irregularidades en la ejecución y supervisión de la obra.
Pero no solo se trata de aspectos financieros y administrativos. La comisión sostiene que estas irregularidades ocurrieron durante los gobiernos de Martín Vizcarra, Francisco Sagasti y Pedro Castillo, evidenciando una presunta trama de favorecimiento, posible pago de coimas y un “blindaje” a estas empresas desde altas esferas del Estado, incluyendo la gestión previa de Vizcarra, quien habría instalado un grupo en el MTC que favoreció estos contratos por un valor superior a los S/ 3,9 mil millones.
El informe además propone acciones concretas, como la sanción administrativa, civil y penal a 34 funcionarios públicos involucrados, así como una denuncia constitucional contra Vizcarra. También recomienda que la Fiscalía y la Contraloría profundicen en las investigaciones y revisen los contratos vigentes con estas empresas, que incluyen nombres de gigantes como Sinohydro, China Railway, China CAMC y China State Construction.
Aunque en mayo de 2024 se autorizó su deslacrado, la discusión en el Congreso se suspendió en junio pasado por pedido de Fuerza Popular, y desde entonces el documento no ha sido puesto nuevamente en agenda. Sin embargo, el presidente de la comisión, Héctor Valer, afirmó que el 14 de agosto se retomará la votación y no descartó ampliar el plazo para citar a las empresas chinas y esclarecer las irregularidades pendientes.
A la espera de lo que suceda este jueves, lo cierto es que la corrupción, el favoritismo y la falta de transparencia parecen seguir marcando la gestión de estos contratos millonarios, mientras las investigaciones avanzan lentamente y la impunidad amenaza con mantenerse intacta.
