Congreso plantea nacionalizar Telefónica y fortalecer la conectividad en Perú
- owenvalencia20
- 12 jun.
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El Congreso de la República ha ingresado un proyecto de ley que busca declarar de necesidad pública e interés nacional la adquisición mediante expropiación de Telefónica del Perú, una de las principales operadoras de telecomunicaciones del país. La iniciativa, presentada por un grupo multipartidario que incluye congresistas de diversas bancadas, propone además la creación de una nueva entidad estatal, llamada la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, destinada a gestionar los servicios de telecomunicaciones en el país, bajo un esquema de gobierno corporativo.
La propuesta sostiene que la expropiación del 99.3% de acciones de Telefónica del Perú y las empresas asociadas —como PangeaCo, Telefónica Cloud Tech y Telefónica Cibersecurity & Cloud Tech— debe hacerse en un plazo máximo de 30 días calendario desde la entrada en vigor, en base a una valoración que toma en cuenta la última operación de venta del mercado extrabursátil, descontando deudas y sanciones.
El objetivo principal de esta medida es proteger los intereses del Estado, de los afiliados a las AFP, de los proveedores y garantizar un servicio de telecomunicaciones que asegure la conectividad en todo el territorio peruano, especialmente en zonas rurales donde aún existen brechas de conectividad. La iniciativa también contempla que el Estado asuma el control de un sector estratégico para el desarrollo del país.
Los congresistas firmantes, entre ellos Guillermo Bermejo, Sigrid Bazán, Ruth Luque y Roberto Sánchez, argumentan que la situación actual evidencia problemas estructurales en el sector, y que solo con un control más efectivo del Estado puede garantizarse el acceso a servicios de calidad y reducir la concentración del mercado en manos de empresas extranjeras.
Por otra parte, en el marco del proyecto, se prevé la creación de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones del Perú, una entidad pública de derecho privado, que será la responsable de administrar los servicios de telecomunicaciones, inicialmente bajo un esquema de gestión empresarial, hasta definir si su administración será directamente estatal, concesionada o sometida a nuevas reglas de privatización en el futuro.
Este iniciativa ha generado opiniones encontradas en el Congreso, y ha puesto sobre la mesa la discusión acerca del control estatal de recursos estratégicos en un sector clave para el desarrollo del país.
