Congreso falla en alcanzar la mayoría para inhabilitar a Betssy Chávez por golpe de Estado

En una sesión que se mantuvo bajo la expectativa de un posible pronunciamiento decisivo, el pleno del Congreso no alcanzó los votos necesarios para inhabilitar a la exministra Betssy Chávez, pese a la moción presentada por la denuncia constitucional 351. Con 63 votos a favor, 20 en contra y 4 abstenciones, la votación final dejó al descubierto la fragmentación de las fuerzas políticas y la complejidad del camino institucional hacia la separación de funciones.

El tablero eletrônico reflejaba un conteo inicial de 56 votos a favor, 16 en contra y 4 abstenciones. Posteriormente, se incorporaron siete legisladores más a la moción; sin embargo, el umbral de 68 votos —requerido para una inhabilitación de diez años— no se alcanzó. Aun cuando la Comisión Permanente, de acuerdo con el reglamento, no podían votar; aprobaron en segunda instancia el informe final, que recomendaba la inhabilitación por infracciones a la Constitución en sus artículos 38, 39 y 45. El informe, que ahora se mantiene en debate público, aduce que Chávez participó activamente en acciones previas, durante y posteriores al intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La ex titular del Gabinete se encuentra, desde entonces, asilada en la Embajada de México en Lima, ante un contexto judicial que la responsabiliza de un conjunto de irregularidades. En su lectura, el informe acusa a Chávez de “la infracción a la Constitución” y subraya que su papel en el proceso fue determinante para la etapa de ruptura institucional. Quien llevó la voz en defensa de la continuidad de Chávez en su cargo fue el ex miembre de Perú Libre, actualmente en la bancada Socialista, quien señaló que tanto Chávez como el expresidente Pedro Castillo cometieron errores y ya recibieron sanciones.

La oposición, representada por diversos sectores, sostuvo que el resultado demuestra la necesidad de afinar mecanismos de control y sanción para evitar que actos que vulneren la democracia queden impunes. Por su parte, la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, defendió la propuesta de inhabilitación y afirmó que se trataba de una respuesta necesaria para preservar el orden democrático y la supremacía de la Constitución. En sus palabras, Chávez decidió sostener un acto considerado nulo desde su origen, confiando en la robustez de su investidura para imponerlo.

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Con el informe final aprobado por la Comisión Permanente el 29 de septiembre —con 17 votos a favor y cuatro en contra—, el proceso alcanzó un punto de no retorno para la comisión, y la lectura de la resolución legislativa quedó para la sesión siguiente. En ese momento, Camones enfatizó que la decisión no era solo sancionar una conducta específica, sino sentar un precedente para evitar que similares intentos de quebrantar la voluntad popular se repitan.

Concluido el debate, quedó planteada la necesidad de revisar los criterios para la inhabilitación y el alcance de las sanciones en el marco constitucional, con miras a reforzar el control institucional ante escenarios de crisis política. Betssy Chávez, por su parte, sigue en calidad de asilada en la Embajada de México, a la espera de nuevas definiciones en el marco de la investigación y las medidas disciplinarias, si corresponde.