Congreso evalúa eliminar la Ley Seca y permitir encuestas 24 horas antes de las elecciones

La Comisión de Constitución del Congreso puso sobre la mesa dos proyectos destinados a revisar normas históricas ante las elecciones generales de 2026. En el centro de la discusión están, por un lado, la posible eliminación de la Ley Seca obligatoria y, por otro, la reducción del periodo de prohibición para difundir encuestas electorales.

El impulsor de la iniciativa, el congresista Edward Málaga Trillo, sostiene que las modificaciones buscan alinear la legislación electoral con prácticas democráticas contemporáneas y con la realidad económica del país. “Necesitamos revisar normas que, en su momento, respondían a contextos diferentes y hoy podrían estar generando costos sociales y económicos sin una contrapartida clara en la calidad del voto”, afirma en entrevista con diversos medios.

El proyecto de ley 11275 propone cambios a los artículos 191 y 351 de la Ley Orgánica de Elecciones. La idea es permitir la publicación de encuestas hasta 24 horas antes de la jornada electoral, en vez de la restricción vigente de una semana. Según Málaga, la finalidad es evitar que los votantes estén expuestos a información no verificada difundida por canales informales como redes sociales o mensajería instantánea, que a veces distorsionan la realidad de cara a la decisión cívica.

Una segunda parte de la iniciativa apunta a eliminar la obligatoriedad de la Ley Seca, la cual prohíbe la venta de bebidas alcohólicas desde las 08:00 del día previo a las elecciones hasta las 08:00 del día siguiente. El parlamentario argumenta que esta prohibición perjudica a miles de comercios, restaurantes y operadores turísticos, y que no hay evidencia contundente de que la medida mejore la calidad del voto.

La propuesta, en palabras de Málaga, responde a una lógica de proporcionalidad y eficiencia en la administración pública y al reconocimiento de una realidad económica que impacta a micro y pequeños empresarios. En paralelo, el sector privado ha mostrado visiones variadas: algunos sostienen que las restricciones ayudan a mantener el orden público, mientras otros señalan que el costo para pequeños negocios, especialmente en turismo y restauración, es elevado sin beneficios claros para la integridad del proceso electoral.

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El análisis técnico y económico de la Comisión de Constitución deberá considerar estimaciones de impacto. Diversos estudios locales señalan posibles efectos en la actividad comercial y en el flujo turístico durante periodos críticos previos a los comicios. Además, expertos consultados por distintos medios advierten que cualquier cambio debe ir acompañado de salvaguardas para evitar desórdenes o desequilibrios logísticos el día de la votación.

En el marco de este debate, la conversación se centra en tres preguntas clave: ¿Qué evidencia respalda la necesidad de flexibilizar la difusión de encuestas? ¿Qué impactos tendría la eliminación de la Ley Seca en la seguridad pública y en la economía? y, en tercer lugar, ¿cómo se protegería la integridad del voto ante una normativa más permisiva?

Mientras el Congreso deliberará sobre estas propuestas, las fuerzas políticas y los actores sociales observan con atención las posibles implicaciones para el 2026. La discusión, lejos de cerrarse, podría abrir un nuevo capítulo en la regulación electoral, con efectos que repercutirían no solo en el día de la votación, sino en la cultura cívica y en la economía de miles de negocios que operan en los meses previos a la contienda.