Congreso declara al Cartel de los Soles como grupo terrorista: ¿golpe político o avance en la lucha antidroga?

El Congreso aprobó reconocer al denominado “Cartel de los Soles” como una estructura criminal dedicada al narcotráfico, y que, según la discusión pública, tendría vínculos con diversos actores regionales, entre ellos fuerzas políticas que gobiernan o han gobernado Venezuela, así como con otros grupos ilícitos como el Tren de Aragua y un ala del crimen establecido en México.

Aunque la decisión formal se dio en la cámara legislativa, las interpretaciones sobre el alcance y las responsabilidades que conlleva este reconocimiento dividen a expertos y a la ciudadanía. Para algunos analistas, se trata de una medida de alto impacto político y de seguridad que podría facilitar alianzas regionales para contener redes criminales que, según señalamientos oficiales, han extendido su influencia a través de fronteras y sectores económicos ilícitos.

El exministro del Interior Carlos Basombrío ofrece una lectura que combina precaución y expectativas políticas. “La existencia del cartel de los soles ha sido denunciada desde hace más de una década, por lo menos. Y da cuenta de un tráfico de drogas muy importante que pasa por Venezuela y enriquece a los corruptos, que son muchísimos en Venezuela, incluido al gobierno”, sostuvo. Sus palabras subrayan la persistencia de estructuras criminales que, desde su óptica, no han cesado con cambios de mando.

Basombrío añadió que la decisión tomada por el Congreso no solo es simbólica: “Con esta acción el gobierno peruano se suma a otros países de Latinoamérica que se han pronunciado en contra del Cartel de los Soles.” En su análisis, la presión internacional aparece como un factor que podría modular el comportamiento de actores dentro de la región, además de influir en la dinámica de la cooperación judicial y de inteligencia.

El exministro también señaló un componente estratégico detrás de la postura de los actores que podrían verse afectados por la nueva categorización. “(Los miembros del Cartel de los Soles) no están dispuestos a dejar el poder porque perderían el negocio y serían juzgados por delitos gravísimos. Hay una presión norteamericana fuerte sobre el tema y una serie de países se están pronunciando por señalar que el Cartel de los Soles es una amenaza a la seguridad”, explicó, destacando así la convergencia entre intereses de seguridad y de política interna.

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Sobre el papel de la Presidenta Dina Boluarte y del canciller Elmer Schialer, el exministro remarcó que sus decisiones podrían hacer más eficaz la votación del Congreso, con la esperanza de un mayor aislamiento de Maduro. “Con esto se lograría, ‘el aislamiento de Maduro y ojalá su caída que sería una gran victoria para la democracia en América Latina’”, afirmó Basombrío, frase que resume una lectura optimista sobre posibles impactos políticos regionales.

La conversación, que Kruel ha replicado en otros foros gubernamentales y académicos, evidencia un punto crítico: la clasificación de un grupo como terrorista no solo altera el marco penal y de sanciones, sino que también puede redefinir alianzas estratégicas y rutas de cooperación entre naciones para enfrentar el narcotráfico y la corrupción que, según la crítica, se entrelazan con estructuras de poder regional. En ese contexto, la región podría verse frente a un debate sostenido sobre soberanía, seguridad y la vigencia de mecanismos de cooperación internacional frente a organizaciones criminales transnacionales.

La declaración del Congreso marca un hito institucional que abre camino a nuevas dinámicas de seguridad y política interna. Si bien el impacto directo sobre la gobernabilidad de Venezuela y sus aliados dependerá de cómo se implementen las medidas, lo que parece claro es que la conversación pública ha ganado en densidad y en la insistencia de entender estas redes criminales como un asunto de seguridad regional, más allá de disputas diplomáticas.