Congreso busca que el Banco de la Nación compre y venda oro.

La Comisión de Economía del Congreso viene impulsando un proyecto de ley que busca ampliar las funciones del Banco de la Nación, permitiéndole comprar, vender, exportar y comercializar oro proveniente de la minería artesanal y de pequeña escala formalizada. La iniciativa, presentada bajo el Proyecto de Ley 8491/2024-CR y en debate en una sesión presidida por el congresista Ilich López, ha generado opiniones encontradas, tanto en el sector técnico como en el empresarial y regulador.

El proyecto propone modificar los artículos 2 y 6 de la Ley 16000, con la finalidad de que el Banco de la Nación pueda realizar operaciones con minerales, en particular oro, en un marco que aún requiere de infraestructura tecnológica avanzada. La iniciativa implica que el banco también deba implementar mecanismos para garantizar la trazabilidad, el control de calidad y la correcta exportación del oro, aspectos esenciales en cualquier comercio de materiales preciosos.

Sin embargo, esta propuesta ha sido rechazado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), que a través de un análisis técnico argumenta que esas funciones no corresponden a la naturaleza del Banco de la Nación y que, además, podrían poner en riesgo la solvencia de la institución y los fondos públicos. La SBS advierte que esta modificación vulneraría principios constitucionales de libre iniciativa y promovería competencia desleal frente al sector privado, además de que el Estado solo debe participar en actividades empresariales cuando la oferta privada no sea suficiente o exista una justificación clara de interés público.

Publicidad

Para la SBS, la implementación de esta medida requeriría del banco adquirir infraestructura y tecnología que actualmente no posee, lo que incrementaría los riesgos y costos, y podría afectar su estabilidad financiera a largo plazo. En síntesis, aunque la propuesta busca ampliar las funciones del Banco de la Nación en un sector estratégico, las entidades especializadas advierten que no resulta viable, pues desviaría sus funciones principales y pondría en jaque la seguridad de los fondos públicos.

El debate continúa en el Congreso, con posiciones enfrentadas, pero lo que está claro es que cualquier decisión deberá considerar el equilibrio entre desarrollo económico y la protección del sistema financiero y de los fondos públicos.