Congreso archiva denuncia constitucional contra Dina Boluarte por muertes en protestas
- owenvalencia20
- 12 sept
- 3 Min. de lectura
La Comisión Permanente del Congreso aprobó este jueves, con 12 votos a favor y 10 en contra, el informe final que recomienda archivar la denuncia constitucional contra la presidenta Dina Boluarte. La acusación, presentada por el ex fiscal de la Nación Juan Carlos Villena, apuntaba a una presunta responsabilidad por omisión en homicidio calificado, lesiones graves y leves ocurridos durante las protestas antigubernamentales que sacudieron varias regiones del país entre diciembre de 2022 y febrero de 2023.
El informe, elaborado por el congresista José Jerí, sostiene que no existen pruebas suficientes para acreditar una responsabilidad directa o dolosa de Boluarte ni de los exfuncionarios señalados en la denuncia. Entre los implicados se encontraban los ex primeros ministros Pedro Angulo y Alberto Otárola, así como ex titulares de los ministerios del Interior y Defensa: César Cervantes, Jorge Chávez, Víctor Rojas y Vicente Romero. También estaban citados exfuncionarios vinculados al aparato de seguridad estatal.
Según el documento, los documentos y testimonios presentados por la Fiscalía no demuestran de forma clara que los exfuncionarios hayan utilizado el aparato estatal con la intención de causar las muertes o lesiones denunciadas. En términos jurídicos, el informe afirma que no es válido atribuir responsabilidad penal bajo la figura del deber de garante, ya que esa figura se sustenta en normas constitucionales de carácter general y no en hechos que encajen cabalmente en tipos penales específicos.
El informe, de 58 páginas, fue aprobado en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, bajo la dirección de Alianza para el Progreso (APP). En ese ámbito, se reportó que se archivaron y suspendieron 28 denuncias contra Dina Boluarte, según reveló la investigación de OjoPúblico. Los hechos analizados se remontan al período de las protestas en Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Ucayali, Cusco, Puno y Lima, entre el 7 de diciembre de 2022 y el 9 de febrero de 2023, periodo en el que Boluarte asumió la presidencia.
De acuerdo con el Ministerio Público, durante ese tiempo fallecieron 44 personas, 47 resultaron con lesiones graves y 69 con lesiones leves. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la violencia empleada por las fuerzas de seguridad durante esas manifestaciones y señaló la existencia de casos de “ejecuciones extrajudiciales” en Perú, según su último informe.
En la víspera, la presidenta Boluarte afirmó que “el peruano ya aprendió” que no se deben generar protestas ni bloqueos de carreteras, y que el Gobierno está llegando a los lugares más alejados del país llevando obras concretas. Añadió que continuarán trabajando “hasta el último minuto del 28 de julio del 2026” para dejar un país viable y sostenible. En torno a su popularidad, se ha reseñado que algunas encuestas sitúan su aprobación en niveles bajos; sin embargo, Boluarte sostuvo que recibe el apoyo del “perú profundo” y de alcaldesas y representantes locales.
La mandataria afirmó también que, frente a críticas y cuestionamientos sobre su gestión, “aprendí” a no hacer caso a las opiniones que buscan deslegitimarla, subrayando que su gobierno no ha cometido irregularidades financieras ni de manejo estatal, y que no se está “robando un solo sol al Estado peruano ni a nuestro pueblo”.
Análisis y alcance institucional
El archivo de la denuncia representa un hito institucional significativo, que cierra un proceso político-judicial de alto perfil. Expertos consultados señalan que, si bien el fallo evita una responsabilidad penal directa, no impide que persistan debates sobre la actuación de las fuerzas de seguridad y la gestión de la crisis social. Organismos de derechos humanos han reiterado la necesidad de investigaciones transparentes y de mejoras estructurales en la seguridad ciudadana y en la protección de derechos fundamentales durante manifestaciones.
La política peruana continúa marcada por este episodio, con la oposición pidiendo más claridad sobre las decisiones gubernamentales y la posibilidad de nuevos enfoques para gestionar protestas futuras. Mientras tanto, la agenda legislativa -y la de fiscalización- podría verse influida por este desenlace en los próximos meses, a medida que emergen otros casos pendientes en el arco de la estabilidad institucional.
