Congreso aprueba sin debate ley que obliga a medios a dedicar 10% de su programación a lucha contra violencia.

En un movimiento que generó fuerte controversia y críticas por su falta de discusión, el Congreso de la República aprobó, por insistencia, una polémica ley que impone a todos los medios de comunicación del país la obligación de destinar, obligatoriamente, el 10% de su programación para difundir contenidos relacionados con la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar. La aprobación de esta norma se llevó a cabo sin que se realizara un debate previo, en un proceso que ha sido calificado como irregular por diversos sectores y expertos en materia constitucional y de medios.

El proyecto de ley fue presentado inicialmente en abril de 2023 por la congresista Mery Infantes, de Fuerza Popular, quien propuso modificar el artículo 46 de la Ley 30364, “Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar”. La propuesta buscaba sustituir el actual sistema, que establece que los medios deben reservar un 10% de su espacio de forma voluntaria, por un mandato imperativo. En sus argumentos, Infantes resaltó la importancia de que las empresas de comunicación contribuyan a la sensibilización social sobre esta problemática a través de la difusión activa de contenidos, aunque no presentó estudios comparativos ni evidencias que respaldaran la efectividad de dicha medida en otros contextos internacionales.

El proceso de discusión se realizó en medio de una aparente falta de interés en el debate público. La iniciativa fue evaluada en las comisiones de Economía y Justicia, donde la Fiscalía y la Defensoría de Pueblo mostraron su apoyo a la propuesta, mientras que el Ministerio de Justicia y la misma Secretaría de la Mujer expresaron ciertas dudas respecto a su viabilidad y constitucionalidad. El Ministerio de Justicia advirtió que limitar el contenido de los medios de comunicación a una franja obligatoria podría afectar la libertad de expresión y la autonomía editorial, además de generar riesgos en la sustentabilidad económica de las radiodifusoras.

A pesar de estas observaciones, el texto fue aprobado en diciembre de 2023 en la Comisión de Economía y en Justicia, sin mayores debates, gracias a una mayoría que interpretó el trámite como una medida urgente frente a la violencia de género. Luego, el 11 de diciembre, durante la sesión del Pleno, el dictamen fue sustentado por el congresista Ilich López, quien afirmó que diversas agresiones recientes, incluyendo casos de violencia fatal, motivaban la aprobación del proyecto. La sesión transcurrió en un clima de escaso debate, y el proyecto fue aprobado con 94 votos a favor, sin votos en contra ni abstenciones, en una sesión en la que solo la autora de la iniciativa hizo uso de la palabra.

Luego llegó la fase del rechazo por parte del Ejecutivo. La ministra de la Mujer, Fanny Montellanos, en su pronunciamiento inicial, adelantó que el gobierno revisaría el reglamento para garantizar que la ley no afecte los derechos de los medios y evitar una posible vulneración de la libertad de expresión, libertad de propiedad y libertad de empresa. El 20 de enero de este año, el gobierno de Dina Boluarte observó formalmente la norma, advirtiendo que no existía una justificación clara para imponer una franja obligatoria y que la ley podría generar perjuicios económicos a las radiodifusoras, además de limitar su autonomía editorial.

Recién en la sesión del 22 de mayo pasado, el Congreso insistió en la aprobación del proyecto, que fue aprobado con 74 votos a favor, sin votos en contra y tres abstenciones. El contexto y el proceso dejan en evidencia un procedimiento que, para muchos analistas constitucionales y gremios periodísticos, violenta principios básicos de libertad de prensa y de expresión. El experto en derecho constitucional Natale Amprimo expresó claramente su rechazo: “Me parece que es totalmente inconstitucional que se pretenda fijar una franja obligatoria de noticias. La Constitución del 93 garantiza la libertad de creación y difusión de contenidos en los medios escritos y audiovisuales”.

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Además, el especialista advirtió sobre los riesgos que implica una obligación de esa magnitud, señalando que la medida podría ampliarse a porcentajes superiores en el futuro, afectando la sustentabilidad económica de las empresas mediáticas y, en última instancia, la libertad de información. Desde el gremio periodístico y organizaciones defensoras de la libertad de prensa, ya se contempla la posibilidad de acciones legales, como recursos de amparo, para cuestionar la constitucionalidad de la norma y garantizar que no se limite la independencia editorial.

Por su parte, la ministra Montellanos indicó que la cartera a su cargo revisará el reglamento y mantendrá mesas de diálogo con todos los actores involucrados, incluyendo gremios de prensa y operadores mediáticos. “Nuestro compromiso es con una prensa libre, responsable y que respete los derechos constitucionales”, afirmó. El gobierno también ha señalado que no pretende utilizar los medios para fines políticos o de control, sino que busca promover campañas de sensibilización en el marco de los derechos humanos y la lucha contra la violencia.

En definitiva, la aprobación de esta ley sin el debate adecuado y con la resistencia de diferentes sectores pone en entredicho la transparencia y el respeto por las libertades fundamentales en el país, abriendo un llamado a la reflexión sobre los límites del Estado en la regulación de los medios y la libertad de prensa.