Congreso aprueba ley que paga a policías por trabajar en días libres y vacaciones

El Congreso de la República ha aprobado la Ley N° 32386, una normativa que busca fortalecer la seguridad ciudadana mediante la implementación de medidas extraordinarias para hacer frente a la delincuencia común y el crimen organizado. En un contexto donde los índices delictivos siguen en aumento, la nueva ley busca ampliar la presencia policial en las calles a través de una iniciativa que, si bien genera debate, apunta a aumentar la efectividad de las acciones policiales.

Una de las medidas más relevantes dentro de esta ley es la puesta en marcha del denominado ‘Plan Celador’, un programa que permitirá ampliar el patrullaje policial mediante el pago a efectivos voluntarios que trabajen en sus días libres, franco o incluso en vacaciones. Según los argumentos del sector, esta medida permitiría sumar aproximadamente 5,000 policías a las calles, reforzando las estrategias de seguridad y mayor presencia en zonas críticas de las diferentes regiones del país.

El ‘Plan Celador’ establece que los policías que voluntariamente deseen participar en tareas de vigilancia motorizada o a pie, así como en labores de investigación, podrán ser remunerados por sus servicios en días de descanso, sin que ello implique un deterioro en su situación laboral ni una afectación a sus derechos. La ley también contempla acciones para fortalecer institucionalmente la Policía Nacional del Perú (PNP), incluyendo incentivos presupuestales, con exoneraciones temporales de algunas restricciones financieras para redirigir recursos al programa de mayor aparato operativo.

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Además, la normativa establece mecanismos para que los gobiernos regionales y locales apoyen financieramente nuevas acciones en seguridad a través de transferencia de fondos, y faculta al Ministerio del Interior y las instituciones regionales a realizar contrataciones urgentes de bienes y servicios durante estados de emergencia, buscando así potenciar la respuesta frente a fenómenos delictivos.

Otra de las disposiciones importantes indica que la Secretaría General del Ministerio del Interior, en coordinación con la Policía Nacional, deberá presentar en 90 días un plan de reestructuración institucional para optimizar el sector y su operatividad. La vigencia de esta ley será de 180 días, con excepciones en ciertos artículos que permanecerán en vigor hasta fines del 2025. La aprobación de esta normativa genera expectativas y también críticas sobre los posibles efectos en la estructura y recursos policiales en el largo plazo.