Conflicto institucional: JNE llevará al Poder Judicial a la Corte por el caso Unidad Popular.

En un giro que podría redefinir el alcance de las competencias entre poderes del Estado, el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) anunció este martes la presentación de una demanda competencial ante el Poder Judicial, tras la decisión del Tercer Juzgado Constitucional de Lima que pretende modificar la inscripción de Unidad Popular, el partido ligado a Duberlí Rodríguez, para permitir su participación en las elecciones generales de 2026 pese a no haber cumplido estrictamente los plazos establecidos por la legislación.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, confirmó que la moción se adoptó por unanimidad en el pleno. “El pleno del JNE por unanimidad ha aprobado la presentación de una demanda competencial contra el accionar que viene poniendo en duda lo que establece la Constitución: que las decisiones del JNE son irrevisables y que se tiene que garantizar el calendario electoral”, declaró ante la prensa. Añadió que decisiones de este tipo “podrían hacer fracasar un proceso electoral y minar la confianza en el sistema democrático”.

El escueto fallo del juzgado constitucional dispuso que el JNE declare inscrita a Unidad Popular con una fecha anterior al 12 de abril, lo que habilitaría su postulación en 2026. Pero, tras la declaratoria de inejecutabilidad, el Poder Judicial impuso una multa de 5 URP a los miembros del pleno del JNE y al director del Registro de Organizaciones Políticas (ROP), Felipe Paredes, por presunto incumplimiento del mandato.

Burneo advirtió sobre las posibles consecuencias de ampliar vías de revisión para casos similares. “Si un partido que no logró inscribirse el 12 de abril se mete de forma irregular, la misma lógica podría usarse para las 6, 7 u 8 restantes y, de ser necesario, para el próximo año podrían inscribirse. Si a uno se permite, ¿por qué no a las restantes?”, cuestionó.

En la rueda de prensa, el titular del JNE precisó que en los próximos días presentarán formalmente la demanda competencial y que estudian solicitar una medida cautelar de aplicación inmediata para proteger el calendario electoral y reiterar la irrevisabilidad de las decisiones del máximo órgano electoral.

Publicidad

El debate no se limita a un choque de procedimientos jurídicos. Analistas señalan que el caso podría marcar un hito respecto a la interpretación de la Constitución y la jerarquía de las normas entre el JNE y el Poder Judicial. “La irrevisabilidad de las decisiones del JNE es un principio fundamental para la seguridad jurídica y la planificación electoral. Cualquier desvío podría erosionar la confianza ciudadana en el proceso democrático”, comentó una fuente cercana al comité de resultados electorales, que solicitó no ser identificada.

En paralelo, la investigación sobre posibles irregularidades en la inscripción de unidades políticas continúa en el ámbito policial y judicial. El tema ha generado preocupación entre actores políticos y organizaciones de la sociedad civil, que exigen claridad y respeto a los plazos establecidos para evitar ambigüedades en el calendario electoral de 2026.