Comisión de Justicia debate hoy la “ley mordaza”: ¿protege la seguridad o restringe la prensa?

Comisión de Justicia retoma el debate sobre una nueva versión de la llamada “ley mordaza” y la propone para modificar el Artículo 164 del Código Penal, con foco en la publicación indebida de correspondencia y, especialmente, en el uso de comunicaciones digitales de funcionarios públicos. El proyecto 5849/2023-CR, que ya fue objeto de un pre dictamen en mayoría durante la sesión previa, plantea ampliar los delitos contemplados en la norma vigente y, según las formaciones parlamentarias, responder a situaciones de interés público que, hasta ahora, no serían consideradas en la regulación.

La sesión realizada el miércoles anterior dejó instalaciones de debate intensas. En ella, gran parte de los congresistas expresaron una fuerte disconformidad con la labor de la prensa de investigación y, a partir de esa postura, se observó una inclinación a endurecer el texto. Se habló de excluir explícitamente el criterio de “interés público” como salvaguarda para la difusión de información obtenida en chats de mensajería instantánea (WhatsApp y Telegram), correos electrónicos y contenidos de redes sociales de funcionarios públicos, con particular énfasis en los legisladores.

El análisis técnico de la norma ha generado voces discordantes entre analistas y especialistas en derecho digital. El experto Erick Iriarte afirmó que el contenido del proyecto “va directamente contra la prensa y contra la divulgación de información que sirve para la investigación en temas de corrupción y mal uso de recursos públicos”. Según Iriarte, hay preocupación por la intención de blindar las comunicaciones de funcionarios para evitar su uso periodístico.

Iriarte añadió que la concepción de la medida podría contravenir principios establecidos en la Ley de Transparencia, la cual permite a la ciudadanía solicitar correos electrónicos oficiales de funcionarios cuando existe un interés público debidamente justificado. En ese sentido, enfatizó la necesidad de que la Comisión de Justicia reconsidere el enfoque y recalcó que “el proyecto de ley no debe ser un instrumento contra la prensa”.

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En paralelo, los proponentes señalan que la modificación busca resguardar la seguridad institucional y la protección de datos sensibles, defendiendo que la difusión de determinadas comunicaciones privadas podría afectar procesos de investigación o causar daños a la confidencialidad de la gestión pública. No obstante, los críticos advierten que ampliar el alcance de la norma podría disminuir la trasparencia y la rendición de cuentas, dos pilares esenciales para la vigilancia ciudadana.

La discusión continuará en próximas sesiones. Se espera que, con la participación de especialistas y de representantes de diversos sectores, se delimiten con mayor claridad los límites entre la protección de la información personal y la necesidad de acceso a evidencias periodísticas en casos de corrupción o irregularidades en el manejo de recursos públicos.

En resumen, el debate está en una etapa clave: decidir si la norma debe fortalecerse para controlar la difusión de información de funcionarios en plataformas digitales, o si debe ajustarse para evitar que se convierta en un obstáculo para la labor periodística y la fiscalización ciudadana.