Choque entre Delia Espinoza y la JNJ se intensifica: se propone un procedimiento disciplinario común

Delia Espinoza enfrenta un nuevo estreno en la escena judicial peruana: la Junta Nacional de Justicia (JNJ) evalúa abrirle un procedimiento disciplinario ordinario, con base en un informe de la magistrada instructora María Teresa Cabrera que la acusa de faltar gravemente a la Resolución 231-2025-JNJ y de realizar actos irregulares para mantenerse en el cargo de fiscal de la Nación.

El documento detalla cuatro cargos específicos centrados en el incumplimiento de la resolución que ordenó la restitución de Patricia Benavides. Según el informe, Espinoza no habría acatado la resolución y habría ejecutado acciones que, en la visión de Cabrera, configuran una conducta dilatoria y un posible trato discriminatorio. Entre los hechos señalados figuran negarse a atender a Benavides, cerrar el acceso al piso 9 del Ministerio Público y la no reincorporación oportuna de la fiscal Azucena Solari.

Cabrera sostiene que estas conductas demuestran un ejercicio del cargo de fiscal de la Nación de manera “ilegal e inconstitucional”, al haber conocido la orden de reincorporación de Benavides, pero haber remitido oficios para obtener actas o videos de la sesión de la JNJ sin respaldo legal. En la lectura de la magistrada, tales actuaciones podrían interpretarse como dilatorias y de resistencia.

El informe concluye que Espinoza habría incumplido sus funciones y habría mostrado una actitud de rechazo a colaborar con la institución, al no recibir a Benavides en la sede del Ministerio Público, no convocar de inmediato a la Junta de Fiscales Supremos e incluso alentado, de forma indirecta, una vigilia del 16 de junio por parte del personal fiscal y administrativo. Todo esto, según Cabrera, justifica la apertura de un procedimiento disciplinario por faltas graves y muy graves, cuyo desenlace podría ser la remoción.

En su momento, Espinoza respondió que las imputaciones son “atípicas” y carecen de hechos concretos, específicos y verificables, argumentando que vulneran el principio de imputación necesaria y, por ende, atentan contra su derecho de defensa y el debido proceso. Cabrera respondió subrayando que el desacato a mandatos de alta jerarquía erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

Una resolución de Cabrera, de carácter particular, señala que la propuesta de suspensión de Espinoza se enmarca dentro de un “procedimiento disciplinario inmediato” que se abriría en su contra, pero fuentes de la JNJ indicaron a Correo que se trataría de un error material que sería subsanado. Cabe recordar que la JNJ eliminó temporalmente estos procedimientos en mayo, luego de que el Tribunal Constitucional (TC) anulase la figura aplicada a Tomás Gálvez y la restituyera para el cargo de fiscal supremo.

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El contexto institucional añade capas de complejidad: la decisión de Cabrera de activar el procedimiento disciplinario llega en un momento en que la JNJ ha revisado sus propias reglas tras el fallo del TC, y cuando la confianza pública en la fiscalía está bajo escrutinio. Mientras tanto, Espinoza mantiene su versión de que las acusaciones son desproporcionadas y que, si se analizan con rigor, no reflejan hechos verificables que justifiquen una respuesta disciplinaria de tal magnitud.

En respuesta a estas tensiones, analistas y observadores señalan que la resolución de la JNJ y la respuesta de Cabrera podrían impactar la imagen de la institución ante la ciudadanía, además de sentar precedente en la manera en que se tramitan futuras controversias entre altos cargos del Ministerio Público y la JNJ. Mientras tanto, el proceso disciplinario —si se abre formalmente— podría avanzar hacia una revisión detallada de conducta y de la justificación legal para cada cargo imputado, con la posibilidad de medidas administrativas que vayan desde sanciones hasta, en el peor de los escenarios, la remoción del cargo.

En este escenario, lo central es la compatibilidad entre el deber funcional de la fiscal de la Nación y la necesidad de respetar las resoluciones de la JNJ. Las próximas semanas serán decisivas para ver cómo se deslinda la responsabilidad de Espinoza y qué impacto tendrá en la estructura institucional que vigila a las altas jerarquías del Ministerio Público.