Chat revela compromiso de Vizcarra en muertes por COVID-19: admite que pruebas rápidas eran inservibles.
- owenvalencia20
- 9 sept
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En una conversación de WhatsApp entre Martín Vizcarra y José Manuel Hernández, registradas en el periodo inicial de la pandemia de COVID-19, se revelaron intercambios que, según la acusación penal en curso, podrían acrecentar las dudas sobre la gestión de la crisis sanitaria en Perú. El diálogo, fechado el 17 de abril de 2020 entre las 4:38 p.m. y las 8:53 p.m., ocurre en un momento crítico: se discutía la disponibilidad de pruebas y la información dirigida a la población sobre su uso.
En el intercambio, el entonces ministro de Estado habría expresado preocupación por un posible brote en su entorno familiar. “Amigo presi, te puedo llamar urgente”, escribe JMH (José Manuel Hernández). MV (Vizcarra) responde: “Fiorella te va a llamar para coordinar. Ya está dispuesto”. El mensaje continúa con la indicación de recurrir a una “prueba rápida” como parte de la respuesta ante la emergencia, mientras que, horas después, la conversación sugiere que se realizaron pruebas moleculares para confirmar casos.
El caso se produce en un contexto en el que, según los críticos, la población recibió mensajes que enfatizaban la utilidad de pruebas rápidas de anticuerpos o serológicas, en una etapa en la que estaba en juego el control de la transmisión y la verificación de contagios. El biólogo molecular Ernesto Bustamante —quien luego se convirtió en congresista— cuestionó en su momento la narrativa de los informes diarios de medio día (los “informes del mediodía”) de Vizcarra y de Víctor Zamora, entonces ministro de Salud, por desinformar a la población.
El fiscal y la defensa de las partes involucradas sostienen que los mensajes revelan una discrepancia entre la logística disponible y la recomendación pública. “No era ignorancia. Era conveniencia. Es lamentable notar… que Vizcarra usaba la escasa disponibilidad laboratorial de pruebas moleculares para favorecer a amigos”, afirmó Bustamante, en referencia al chat divulgado.
En Perú, la pandemia dejó cifras elevadas de mortalidad y secuelas por SARS-CoV-2, aun cuando la población vulnerable no era significativamente mayor que en otros lugares con profundos impactos sanitarios. Para algunos de los actores evaluados, la justificación para priorizar pruebas rápidas se sustentó en la supuesta escasez de instrumentos, una afirmación que, según críticas, sería infundada: “había decenas de termocicladores en el INS, institutos y universidades”, explicó Bustamante.
Diversas investigaciones periodísticas y denucias formales llevaron al Ministerio Público a abrir una investigación que involucra a Vizcarra, y a los entonces ministros Víctor Zamora (Salud) y María Antonieta Alva (Economía). También se mencionó a Carmen Hinostroza, titular del Minsa, quien dejó su cargo tras negarse a priorizar las pruebas de anticuerpos por sobre las moleculares. Gracias a argumentos presentados ante la penalista Katherine Ampuero, el caso se reabrió, y el 22 de abril pasado la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, presentó la denuncia constitucional correspondiente. Hace un mes, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso la admitió a trámite.
La posibilidad de acusación y condena por colusión agravada se sostiene por la contratación de proveedores vinculados a la compra de pruebas y suministros, con montos relevantes y la asignación de contratos a dedo. El marco jurídico que rodea este proceso incluye decretos de urgencia y procedimientos que se analizan en el contexto de la gestión de la pandemia y su impacto social y sanitario.
