Cavero: de la reorganización en el MTC a la silla de Justicia, ¿qué hay detrás de la designación?

El ministro de Justicia que hoy ocupa la titularidad del despacho ha llegado al cargo en un contexto cargado de cuestionamientos previos y polémicas que han marcado su trayectoria en la función pública. La designación de Juan Cavero como ministro de Justicia, en un momento en que la cartera atraviesa varios retos de institucionalidad y transparencia, ha reavivado el debate sobre la gestión en organismos vinculados a la seguridad y la jurisprudencia administrativa.

En su pasado profesional reciente, Cavero enfrentó críticas por actuaciones en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), donde su gestión como director general de Transporte Terrestre terminó en un proceso de reorganización tras la detección de fallas en el sistema de emisión de licencias de conducir. Un informe de investigación publicado por El Comercio señaló que se entregó un brevete a una persona con discapacidad visual, lo que desencadenó una revisión de las políticas y controles de la dependencia.

El anuncio de la reorganización del área y la remoción del cargo se produjo en noviembre de 2018, en medio de una controversia que el propio Cavero negó categóricamente atribuir al reporte periodístico. Según el exfuncionario, su salida no estaría vinculada a las noticias que señalaban vulnerabilidades en el sistema de licencias, sino a una serie de ajustes institucionales que respondían a un proceso de reestructuración administrativa del MTC, entonces bajo la gestión de Edmer Trujillo.

No obstante, la trayectoria de Cavero ha estado marcada por otros capítulos problemáticos. Después de su salida del MTC, el funcionario ingresó a la vida municipal y regional, ocupando cargos en Independencia y en el Gobierno Regional del Callao (GORE Callao). En estos periodos, las denuncias y acusaciones de corrupción aparecieron en distintas instancias, generando un diálogo público sobre la idoneidad de ocupantes de cargos estratégicos cuando existen antecedentes de presuntas irregularidades.

En Independencia, Cavero ejerció funciones como gerente municipal, cargo que, según diversas crónicas locales, coincidió con un periodo de tensiones políticas y administrativas en la municipalidad. Posteriormente, en el GORE Callao, se le atribuyeron denuncias por posibles delitos de corrupción de funcionarios, abuso de autoridad y falsificación de documentos, así como cuestionamientos por emitir informes legales para designar a altos funcionarios sin cumplir con los requisitos necesarios. Estas acusaciones se convirtieron en un elemento central del escrutinio público que rodea su figura.

Aún con estas sombras en su historial, Cavero asumió la dirección del Gabinete de Asesores de la cartera de Justicia y, más recientemente, fue designado como ministro de Justicia, el sexto en esa cartera durante la gestión de Dina Boluarte. En sus primeras declaraciones públicas tras la designación, el nuevo titular sostuvo que su ascenso no debía entenderse como una disculpa por pasados episodios, sino como una responsabilidad institucional orientada a fortalecer el marco normativo y la cooperación entre las dependencias del Estado para enfrentar los desafíos de la justicia y la seguridad ciudadana.

El debate actual plantea preguntas clave: ¿qué señales envía una designación cuando existen antecedentes de irregularidades en cargos previos de la misma persona? ¿Qué mecanismos de control y supervisión deben reforzarse para garantizar que las designaciones de cargos de alta responsabilidad respondan a criterios transparentes y estrictos de mérito y probidad? Analistas y voces de la oposición han pedido que las autoridades establezcan una revisión independiente de las evaluaciones de idoneidad y que se publiquen de forma detallada los criterios y procesos de selección para puestos sensibles.

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Entre los entrevistados, algunas declaraciones han subrayado la necesidad de separar la trayectoria personal de la función pública y de valorar, en un marco institucional, las capacidades y el compromiso con la legalidad que el cargo exige. Otros lectores y analistas, por el contrario, señalan que la confianza pública se ve afectada cuando existen antecedentes de posibles irregularidades y que la gestión de justicia y seguridad requiere una mayor transparencia en la selección y evaluación de candidatos.

Cavero ha reiterado su compromiso con la modernización de los procesos institucionales y la lucha contra la corrupción, en un gesto de reconocimiento a los desafíos heredados por la cartera de Justicia y a la necesidad de reforzar las salvaguardas que eviten que hechos del pasado afecten el desempeño presente y futuro. La conversación pública sobre su gestión se enmarca en un momento de intensos debates sobre la ética pública, la rendición de cuentas y la integridad de las instituciones, temas que han estado en la agenda de la sociedad civil y de los espacios de fiscalización.