Castillo y Chávez: la Fiscalía ratifica cargos y abre la puerta a nuevas penas por conspiración

Pedro Castillo enfrenta nuevo impulso en su caso por intento de golpe de Estado; la Fiscalía se mantiene firme y solicita 34 años de prisión por rebelión para el exmandatario y 25 años para Betssy Chávez, exministra de la Producción en el gobierno de turno, quienes presuntamente protagonizaron los hechos del 7 de diciembre de 2022. En esa jornada, según la acusación, Castillo habría intentado disolver el Congreso de forma inconstitucional, una maniobra que continúa en revisión por las autoridades judiciales.

El Ministerio Público, a través de la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, ratificó su acusación y detalló posibles escenarios punitivos dependiendo de cómo se tipifiquen los hechos. En caso de confirmarse la responsabilidad por conspiración en lugar de rebelión, se recalcó una escala de pena que podría sumarse a la ya prevista para otros cargos: 19 años y 30 días de prisión, times de 11 años y 5 meses por conspiración, 10 meses y 15 días por abuso de autoridad y 6 años y 9 meses por grave perturbación, según la explicación aportada por el representante del Ministerio Público, Edward Casaverde.

La defensa y la representación del instituto fiscal han señalado que el proceso continúa avanzado; el dictamen definitivo podría depender de una serie de consideraciones judiciales que aún están por definirse. En el calendario judicial, el juicio sigue su curso y, según las autoridades, la sentencia podría estar próxima. Aun así, Castillo mantiene su posición en el estrado, insistiendo en su versión de los hechos y en cuestionamientos sobre la actuación de la justicia.

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Durante la última audiencia, el exmandatario volvió a contradecir versiones oficiales y sostuvo que nunca cometió actos de rebelión ni abusos de autoridad, alegando que su autoridad se diluyó tras la vacancia y señalando desconfianza en el sistema judicial. Sus declaraciones provocaron fricciones con la sala, que solicitó mantener la calma. La presidenta de la Sala Penal Especial, Norma Carbajal, llamó al respeto y a la continuidad del proceso.

El próximo tramo del juicio está previsto para este viernes a las 9:00, con la expectativa de que el tribunal emita una resolución que cerrará, en gran medida, una etapa del caso. El contexto político y la procedencia de las pruebas continúan siendo materia de debate entre analistas y juristas, mientras se distiende la atención pública sobre un proceso que redefine el espectro de responsabilidad de los actores involucrados.