Caso Villarán: personas niegan haber aportado dinero, mientras fiscales revelan esquema millonario de financiamiento ilegal.
- owenvalencia20
- 4 ago
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Una investigación reciente ha sacado a la luz una serie de irregularidades en la campaña de reelección de Susana Villarán en 2014. Según reportes oficiales y testimonios de las propias personas involucradas, al menos 65 ciudadanos refieren que nunca realizaron aportes económicos, pese a que sus nombres aparecen en los registros presentados ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). La evidencia apunta a la existencia de un esquema fraudulento para ocultar millones de dólares que, según investigaciones fiscales, habrían sido entregados por las constructoras brasileñas Odebrecht y OAS para financiar campañas electorales.
Un informe de “Punto Final” revela que estas personas fueron utilizadas como “aportantes falsos”, en una estrategia que buscaba legitimar un entramado financiero ilícito. La fiscalía sostiene que Odebrecht y OAS habrían aportado millones de dólares en campañas políticas, incluyendo tres millones para el “No a la revocatoria” en 2013 y cuatro millones para la campaña de reelección de Villarán. La magnitud de estos aportes ilícitos, además de las falsificaciones de firmas y uso de nombres falsos, revela un entramado mucho más extenso del que inicialmente reportó la ONPE.
Testimonios como los de Orlando Salazar Gamboa, Jorge Machuca Cerdán y Máximo Córdova refuerzan la hipótesis de que nunca realizaron donaciones y que algunas firmas fueron alteradas o falsificadas. La fiscalía estima que estos aportes falsos suman cerca de un millón de soles, superando en mucho las cifras preliminares.
El caso, que tiene a Susana Villarán como principal acusada, la incrimina de liderar una organización criminal dedicada al lavado de activos, asociación ilícita y cohecho. Además, señala a Marco Zevallos, personero legal de la campaña, como responsable de presentar informes falsos ante las autoridades. Zevallos enfrenta un proceso judicial que podría culminar en una condena de 18 años de prisión.
El proceso judicial contra Villarán y sus colaboradores comenzará el próximo 23 de septiembre, y en la audiencia se presentarán pruebas que podrían confirmar la existencia de una operación millonaria de encubrimiento financiero, que contrasta con la imagen de honestidad que se pretendía proyectar en la campaña.
