Caso Pronatel: abogada ingresa a oficina de Dongo y obtiene orden de servicios por 33 mil soles
- owenvalencia20
- 29 sept
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En los últimos años, el Perú ha visto un patrón que reaparece con insistencia: encuentros entre personas que acuden a reunirse con autoridades de alto nivel y, poco después, obtienen contratos u órdenes de servicio en instituciones públicas. Ese hilo conductor, que parece persistir en la actual gestión, vuelve a tomar relevancia con un nuevo caso vinculado al Programa Nacional de Telecomunicaciones (Pronatel), dependiente del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
La secuencia que investiga este caso, obtenida por Correo, gira en torno a una visita a la oficina del director ejecutivo de Pronatel, Alain Dongo Quintana, por parte de Susan Alissa Durand Paz, identificada como abogada. Días después, la joven obtuvo una orden de servicios por 33 mil soles para Pronatel, monto consignado en documentos oficiales y cobrado en su primer pago.
Pronatel es la entidad encargada de promover el acceso y uso de servicios de telecomunicaciones esenciales para comunidades rurales, evaluar proyectos de inversión y supervisar su ejecución para reducir la brecha digital. En este marco, la institución recibió a Durand el 29 de abril, en una reunión que se llevó a cabo en el piso 14 de su sede, con la presencia de Dongo Quintana.
Una semana después, el 7 de mayo, Dongo envió un oficio a la Oficina de Administración para solicitar la contratación de un locador de servicios para su dirección por 90 días, con funciones de coordinación en gestión estratégica institucional y cooperación técnica. Aunque Durand no tenía antecedentes de prestación de servicios para Pronatel, recibió un correo de Abastecimiento solicitando una cotización para el servicio.
El 9 de mayo, Durand remitió su propuesta y, el 13 de mayo, se emitió la orden de servicios por 33 mil soles. Ya en la ejecución, Durand cobró el primer pago. Sin embargo, a mediados de agosto el Área de Gestión de Finanzas detectó que dos de las actividades previstas no se habían cumplido durante los tres meses de contrato. En respuesta, un oficio del 22 de agosto de Dongo dio la conformidad para las tareas, cerrando, al menos en la narrativa oficial de ese periodo, la observación.
Entre las tareas que debían realizarse para la primera contratación se contemplaba la identificación y análisis comparado de intervenciones en conectividad rural, para extraer buenas prácticas que alimentaran procesos internos de Pronatel. También se esperaba que Durand coordinara reuniones con titulares de instituciones públicas y privadas, y que hiciera seguimiento a proyectos de telecomunicaciones, entre otros.
Durand, de trayectoria profesional variada, figura como abogada con maestría en derecho constitucional. Su historial incluye trabajos en la Municipalidad de San Juan de Miraflores, un estudio jurídico privado, el Congreso, la Procuraduría Pública del Poder Judicial y, más recientemente, como consultora en el Instituto de Comunicación Política y Gobierno (ICPG) en 2024.
La contratación en este contexto ha generado cuestionamientos de especialistas en contrataciones públicas. Cecilia Ruíz, abogada experta en contratos públicos, sostuvo que la secuencia de visita de una aspirante y la subsecuente obtención de un contrato podría ser señal de irregularidades: “Si esa visita estuviera pauteada dentro de un proceso de selección, la entrevista debería estar en un proceso regular y no estas visitas que luego aparecen, coincidentemente, con órdenes de servicios”.
Por su parte, Mónica Yaya, expresidenta del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado, señaló que cuando una persona visita a un funcionario y luego obtiene un contrato, podría haber indicios de información privilegiada que favorecería la contratación, o incluso la creación de una necesidad “inventada” para beneficiar a una persona. En ese marco, habló de posibles delitos como negociación incompatible y, en caso de existir donaciones o favores, de colusión.
Desde el equipo de imagen institucional de Pronatel se explicó que el vínculo entre Dongo y Durand es estrictamente profesional y que su conocimiento fue adquirido en un ámbito de trabajo durante ese año. A la fecha de cierre de la nota, la institución no había proporcionado una respuesta adicional sobre el tema.
Durand, por su parte, no respondió a solicitudes de contacto para ampliar su versión de los hechos.
El caso, que involucra a una autoridad relevante del Pronatel y a una abogada que, poco después de su visita, obtiene una orden de servicios, se inscribe en un debate mayor sobre la transparencia y la equidad en la contratación pública. Las observaciones de especialistas señalan la necesidad de procesos de selección más claros y rigurosos, con entrevistas y evaluaciones competentes que garanticen que las contrataciones respondan a necesidades institucionales reales y no a dinámicas de influencia.
Lo que está en juego es la confianza pública en una institución cuyo mandato es reducir la brecha digital y promover servicios esenciales para poblaciones rurales. Cualquier sabor de favoritismo o de “información privilegiada” podría rayar en prácticas que socaven ese objetivo y el principio de meritocracia que debe regir las contrataciones estatales.
