Casi 8 millones de peruanos cierran sus negocios por la escalada de inseguridad
- owenvalencia20
- 26 jun
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La inseguridad en el Perú continúa dejando profundas huellas no solo en la vida de las personas, sino también en la economía y el tejido social del país. El reciente Tercer Informe del Observatorio del Crimen y la Violencia, presentado por el Banco de Ideas Credicorp, revela que más de 7.9 millones de peruanos, el 32% de la población, ha presenciado el cierre o reducción de actividades comerciales en sus barrios debido a la escalada de delincuencia en el último año.
Ricardo Valdés, exviceministro del Interior y coautor del análisis, explicó que “el cierre de negocios de barrio es una señal concreta de cómo la inseguridad golpea la vida cotidiana”, aclarando que no solo se trata de un problema policial, sino un fenómeno que deteriora todos los aspectos del entorno social y económico. El impacto varía según la región y el nivel socioeconómico; mientras en las zonas urbanas afecta a casi el 30% de la población, en áreas rurales el efecto es menor, alcanzando aproximadamente el 10%.

El informe también detalla que los sectores socioeconómicos AB y C, considerados medios y altos, experimentan un 42% de afectación en sus negocios, lo que refleja una pérdida afectando directamente su actividad económica. En contraste, en los sectores DE, la incidencia alcanza un 24%, aunque igualmente alarmante.
El fenómeno se acompaña de un aumento en las medidas de Estado de emergencia. Más de 8.9 millones de peruanos han vivido en zonas bajo estas restricciones, lo que implica restricciones a derechos fundamentales como la inviolabilidad del domicilio y la libertad de tránsito. Sin embargo, a pesar de estas medidas, la percepción ciudadana es negativa: solo un 9% considera que los estados de emergencia han sido efectivos, mientras que la mayoría los califica de “malos” o “muy malos”, evidenciando que las políticas no logran reducir realmente la criminalidad.

El impacto emocional es también profundo: el 75% de los peruanos sufre de ansiedad o estrés por la inseguridad, afectando tanto a zonas urbanas como rurales. La combinación de violencia, cierre de negocios y restricciones sociales ha creado un escenario de crisis que requiere respuestas integrales del Estado para restaurar la confianza y la seguridad en el país.




