CAN reclama al Perú por incumplimientos y propone camino hacia la formalización.

La Comunidad Andina de Naciones (CAN) declaró que el Estado peruano incumplió las obligaciones asumidas con la Decisión 774, que regula la Política Andina de Lucha contra la Minería Ilegal. En un fallo difundido este martes, la Secretaría General de la CAN, por medio del Dictamen 007-2025 publicado en la Gaceta Oficial N° 5697, sostuvo que Lima no adoptó las medidas necesarias para prevenir y controlar la minería ilegal ni para fortalecer los mecanismos de extinción del derecho de dominio sobre los instrumentos y productos de dicha actividad ilícita.

La decisión se produce tras un reclamo presentado por la Coordinadora Nacional de Comunidades del Nanay (INEF) y siete ciudadanos de la región Loreto. Los denunciantes argumentaron que el Estado peruano no ha implementado las normas andinas destinadas a combatir la minería ilegal y, por el contrario, habría permitido el ingreso irregular de maquinaria pesada a zonas de la Amazonía, perpetuando así el daño ambiental en la cuenca del Nanay.

Según el dictamen, el Perú habría incurrido en incumplimiento del numeral 6 del artículo 5 de la Decisión 774 al no adoptar medidas efectivas para garantizar la prevención y el control de la minería ilegal. Asimismo, se señala que, mediante amplias prórrogas en el proceso de formalización minera integral, el país ha incumplido el artículo 4 del Tratado de Creación de la CAN. En ese marco, la CAN exigió a Perú que ajuste su marco legal a la normativa comunitaria, en consonancia con lo establecido en el numeral 6 del artículo 5 de la Decisión 774, y que se abstenga de adoptar medidas que obstaculicen la formalización o regularización de la minería en pequeña escala, artesanal o tradicional.

La resolución resume que el objetivo debe ser “garantizar la prevención y control de la minería ilegal” y fortalecer la extinción del derecho de dominio sobre instrumentos y productos vinculados a estas actividades ilícitas, con un énfasis en la cooperación regional para evitar el lavado de activos y otros delitos conexos. En la práctica, esto implica una revisión de marcos normativos y una mayor rigurosidad en la supervisión de permisos, ingresos de maquinaria y operatividad minera en áreas protegidas o sensibles desde el punto de vista ambiental.

Diversas autoridades ambientales y de lucha contra la minería ilegal en la región han declarado que la decisión de la CAN podría sentar un precedente importante para la coordinación de políticas regionales. Expertos consultados señalan que el fallo podría presionar a Perú a acelerar procesos de formalización minera responsable y a reforzar la vigilancia de actividades ilegales que degradan cuencas y ecosistemas amazónicos.

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La mesa de coordinación ambiental señaló que, más allá de las medidas correctivas exigidas por la CAN, existe la necesidad de un enfoque integral que combine políticas de formalización con mecanismos de fiscalización, cooperación interinstitucional y transparencia pública. En ese sentido, la Secretaría General de la CAN dejó claro que el objetivo es lograr una conformidad plena con la Decisión 774 y sus anexos, para evitar que la minería ilegal continúe generando daños ambientales y consecuencias sociales en comunidades indígenas y comunidades locales.

Desde Lima, autoridades consultadas indicaron que el Gobierno peruano evaluaría el dictamen y definiría las acciones a implementar para cumplir con las exigencias de la CAN. En tanto, comunidades afectadas y organizaciones ambientales clamaron por acciones rápidas y efectivas que salvaguarden la cuenca del Nanay y otras zonas afectadas por la minería ilegal, así como por una mayor participación de las comunidades locales en los procesos de formalización y vigilancia.