¿Campaña o acto oficial? Acuña realiza actividades políticas y aún mantiene su cargo de gobernador.

En medio de un ambiente cargado de entusiasmo y apoyo, César Acuña, líder de Alianza para el Progreso (APP), realizó su primera caminata proselitista en Piura, acompañando a sus seguidores y mostrando imágenes de su recorrido en redes sociales. Lo llamativo de esta aparición es que, pese a su campaña activa, aún se mantiene en el cargo de gobernador regional de La Libertad, una situación que ha generado polémica y cuestionamientos relevantes desde el plano ético y legal.

Acuña, con una portátil en mano, banderas y un bullicio que llenaba la plaza, aprovechó la oportunidad para reforzar su presencia política adelantándose a la campaña electoral de 2026. Durante la actividad, realizó anuncios respecto a la construcción del nuevo Hospital Belén en Trujillo, en lo que parece ser una estrategia de facilitar obras públicas como medio de reforzar su imagen pública. Además, figuras cercanas a él, como el ministro de Salud, César Vásquez, militante de APP, participaron en la difusión del proyecto, lo que ha sido considerado por críticos como un posible uso indebido de recursos públicos con fines proselitistas.

Este escenario plantea una serie de interrogantes sobre la legalidad y la ética en el uso de funciones públicas con fines electorales. Según especialistas en ciencia política, la situación evidencia una vulneración de las normativas establecidas por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), que prohíben la promoción política mientras los funcionarios siguen en funciones públicas. El profesor Alejandro Mejía, de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, explicó que "los actos de Acuña en Piura representan una clara muestra de proselitismo, pues está promoviendo su candidatura con símbolos y colores partidarios asociados a APP". Además, subrayó que, de no dejar su cargo antes de octubre, Acuña no podrá candidatear en las elecciones del 2026.

La ley establece que los funcionarios públicos deben mantener la neutralidad durante los procesos electorales, y que violar esta norma puede acarrear sanciones. Sin embargo, existe una percepción de laxitud por parte del Consejo de Ministros y del propio JNE para fiscalizar y sancionar estos comportamientos. La presencia del gobernador en obras públicas y eventos políticos genera dudas sobre el cumplimiento de estos principios, en un contexto en el que también se recuerda la cantidad de días en que Acuña ha estado fuera de su despacho, justificando ausencias con permisos y licencias.

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En un análisis conjunto, expertos recalcan que estas acciones no solo afectan la percepción de imparcialidad, sino que también ponen en evidencia la necesidad de mecanismos más efectivos para garantizar que la ley se cumpla y transparenten los procesos electorales, evitando que altos funcionarios utilicen sus cargos para favorecer campañas políticas.