Cambio en el Ministerio Público: Benavides dirige la Segunda Penal y Ávalos pasa a Delitos de Corrupción.

La fiscal de la Nación, Delia Espinoza, designó a Liz Patricia Benavides Vargas para dirigir la Segunda Fiscalía Suprema Penal, en sustitución de Zoraida Ávalos Rivera, quien asumirá la controlada Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios. La resolución, identificada como N.° 2433-2025-MP-FN, fue publicada en La República a partir de la decisión de la Fiscalía de la Nación.

La decisión llega en un marco complejo: un día antes, la Junta de Fiscales Supremos había decidido por mayoría no designar a Benavides como representante del Ministerio Público ante el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Expertos consultados señalan que, por criterios de quórum y de calendario institucional, ese cargo podría haber quedado en manos de un fiscal supremo provisional, dadas las edades de jubilación previstas para Ávalos y Sánchez Velarde en abril de 2026.

Con el nuevo movimiento, Ávalos queda al frente de un caso de relevancia institucional: la investigación sobre Enma Benavides, involucrada en acusaciones de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. En paralelo, Benavides asume la investigación contra Jerí por presunta desobediencia tras no someterse a exámenes psicológicos, un expediente que ya se encontraba en curso.

En cuanto a la estructura de la Fiscalía, la Primera Fiscalía Suprema Anticorrupción pasó a manos de Elena Carolina Delgado, según resolución publicada de forma expedita. Este despacho reporta siete procesos que involucran a Benavides, vinculados —directa o indirectamente— al caso “Los Cuellos Blancos del Puerto”; y la Segunda Fiscalía Suprema Anticorrupción, ahora liderada por Ávalos, registra cinco investigaciones que guardan relación con Benavides.

La resolución en cuestión señala que la designación persigue “optimizar la persecución penal y defender los derechos de los ciudadanos”, con el objetivo de acelerar la labor del Ministerio Público y reforzar la capacidad de respuesta ante las investigaciones penales. Se subraya la necesidad de intervenir de forma ágil para asegurar la rapidez en los procesos judiciales, sin perder el foco en la adecuación de las medidas procesales.

Según el documento oficial, la designación de Benavides en la Segunda Fiscalía Suprema Penal responde a un análisis de casos y a la necesidad de reforzar la coordinación entre despachos ante situaciones específicas. En ese marco, Zoraida Ávalos quedaría trasladada a la Segunda Fiscalía Suprema Especializada en Delitos Cometidos por Funcionarios Públicos, para continuar con la revisión de expedientes que ya estaban en curso y evaluar nuevos casos con el apoyo de la estructura que le corresponde.

Patricia Benavides deberá atender dos frentes relevantes: la investigación contra José Jerí por presunta desobediencia y la situación de otros procesos que se relacionan con consideraciones de cumplimiento de órdenes judiciales y pruebas psicológicas. La defensa y la opinión pública destacan que las decisiones dentro del Ministerio Público deben sostenerse en criterios de imparcialidad, transparencia y cumplimiento estricto de la ley.

Por su parte, la Fiscalía de la Nación enfatizó que los cambios buscan “agilizar la persecución penal” manteniendo la integridad institucional y el respeto a los derechos de las víctimas, a la vez que se garantiza la debida diligencia de las investigaciones ante posibles conflictos de interés identificados en expedientes previos.

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Con estos movimientos, la estructura de las fiscalías se reorganiza para enfrentar un panorama de casos complejos vinculados a corrupción y a la defensa del interés público. El Ministerio Público indicó que los cambios se ajustan a la normativa vigente y a las decisiones asumidas por la Junta de Fiscales Supremos, en un contexto de transición y de revisión de procedimientos.

Queda por verse cómo se materializarán, en la práctica, los objetivos de acelerar las investigaciones sin sacrificar estándares de integridad y la debida diligencia, especialmente en expedientes con alta visibilidad pública. Expertos legales señalan que el equilibrio entre eficiencia y control de conflictos de interés seguirá siendo central para la credibilidad de las instituciones.