Callao y SJL lideran el aumento en gastos de personal municipal sin resultados visibles.

Caminar por las calles de muchos distritos limeños se ha vuelto una experiencia que revela un escenario de caos y abandono. La acumulación de basura, las pistas agrietadas y sin mantenimiento, la inseguridad constante y la sensación de desamparo parecen ser el pan de cada día para los vecinos. Sin embargo, detrás de esos problemas evidentes, se encuentra una realidad en la que las planillas municipales crecen de manera desproporcionada, sin que eso se traduzca en mejoras concretas para la población.

Las cifras no engañan. La Municipalidad Provincial del Callao, bajo la gestión del alcalde Pedro Spadaro, ha duplicado su presupuesto destinado a personal en apenas cinco años. De S/52.7 millones en 2019, pasó a S/111.9 millones en 2024, un aumento del 112.2%. Lo mismo sucede en San Martín de Porres, liderada por Hernán Sifuentes, que incrementó en más del doble su gasto en personal (103.1%). San Juan de Lurigancho, gestionada por Somos Perú, y Los Olivos, con alcaldes de Podemos Perú, también muestran aumentos similares, con 98.0% y 92.1%, respectivamente.

Otros distritos como San Juan de Miraflores, Bellavista, San Borja y Ate-Vitarte registran crecimientos importantes en sus planillas, superando incluso el 70%. Solo Santiago de Surco mantiene su incremento por debajo del 50%, con un modesto 20.6%. A simple vista, parece que las municipalidades están ampliando sus sueldos, pero las calles, parques y servicios básicos reflejan todo lo contrario.

La contradicción resulta evidente: más recursos en las planillas, mayores gastos administrativos, y, en la práctica, menos resultados visibles para los ciudadanos. Las calles siguen oscuras, los parques en abandono, las obras paralizadas y los espacios públicos en deterioro. La sensación de que el dinero no se invierte en mejorar la calidad de vida de los vecinos se vuelve cada vez más persistente.

Este asunto cobra especial relevancia en un contexto donde el Congreso ha aprobado una norma que reduce la tasa del IGV para el Gobierno Central, destinando mayores fondos al Fondo de Compensación Municipal (Foncomun). La participación del estado pasará del 2% al 4% en los próximos años, sin un análisis técnico previo ni una evaluación de la eficiencia del gasto municipal. La preocupación de los economistas es que estos recursos terminen siendo utilizados para la expansión de estructuras burocráticas innecesarias o sobredimensionadas, en lugar de emplearse en proyectos que beneficien realmente a la ciudadanía.

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Waldito Mendoza, ex titular del Ministerio de Economía, advierte que esta norma podría costarle al Estado unos S/10,000 millones anuales en un escenario ideal, pero además plantea una duda fundamental: ¿en qué se está gastando realmente este dinero? La duda no es trivial. Mientras las planillas crecen sin control, las condiciones de vida no mejoran, y la problemática social y urbana se agrava.

La gran interrogante final es si estas inversiones en personal realmente se traducen en una mejora sustantiva de los servicios públicos, o solo impulsan una burocracia que se alimenta a costa del esfuerzo y los recursos de los vecinos.