Callao registra aumento del 57% en muertes y 52% en extorsiones en 2025

El sistema de registro y control de denuncias (SIDPOL) de la Policía Nacional (PNP) revela una realidad preocupante para la Provincia Constitucional del Callao: durante el primer semestre de 2025, los indicadores de criminalidad mostraron un incremento sostenido frente a 2024. En particular, las denuncias por homicidio y extorsión han experimentado alzas significativas en la región, que ya figura entre las más afectadas en el país.

Según SIDPOL, el Callao se ubica detrás de Lima Metropolitana en la lista de zonas con mayor cantidad de denuncias por homicidio. En el primer semestre de 2025, la variación respecto al mismo periodo del año anterior alcanza un 57%, con un promedio de 14,8 denuncias por homicidio por cada 1.000 habitantes. En paralelo, los casos de extorsión crecen a ritmo acelerado, con un aumento del 52% y 555 denuncias registradas entre enero y julio en los siete sectores que componen la región, concentradas en distritos como Callao y Ventanilla.

La conversación con analistas y autoridades del sector seguridad subraya que la violencia no es un fenómeno aislado: es el resultado de una batería de factores que requieren respuestas coordinadas. El exviceministro del Interior, Ricardo Valdés Cavassa, sostiene que “hay un incremento de la violencia que se expresa en muertes, derivadas de procesos extorsivos que están siendo mal manejados” por las instituciones responsables. En su lectura, la solución no debe limitarse a medidas reactivas; exige una visión integral que involucre a Policía Nacional, Ministerio Público, Ministerio del Interior, Poder Judicial y otros actores del sistema de justicia.

El análisis comparativo entre Lima Metropolitana y Callao durante el mismo periodo refuerza la magnitud del fenómeno: mientras la capital registra variaciones moderadas en el total de denuncias de homicidio, el Callao muestra un incremento pronunciado y sostenido, con distritos como Callao y Ventanilla como ejes de mayor incidencia en extorsión. Estas cifras contrastan con la compleja realidad institucional descrita por especialistas, que insisten en la necesidad de fortalecer la prevención y la capacidad de actuación del Estado.

En palabras de Valdés Cavassa, la seguridad es un tema multisectorial: “la punta de la lanza es la Policía Nacional; detrás están el Ministerio Público, el Ministerio del Interior, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia. Hay toda una dinámica que se debe entender para proponer alternativas creativas que reduzcan la criminalidad”. Para el exviceministro, la situación excede la gestión puntual de la actual administración y señala la necesidad de una planificación estratégica de largo alcance, que involucre autoridades regionales y locales.

Entre los retos señalados por especialistas figuran también falencias de gestión presupuestaria y deficiencias de control territorial. En particular, la región Callao muestra un desbalance entre inversiones y resultados: informe del Observatorio Nacional de Seguridad Ciudadana del Mininter apunta a un parque automotor en parte inoperativo y a inversiones que no siempre se traducen en mejoras operativas sobre el terreno. En la esfera de la seguridad ciudadana, la continuidad de los estados de emergencia y las medidas temporales contrastan con la demanda de respuestas estructurales y sostenibles.

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El análisis de la realidad regional no elude el debate político y administrativo: la ejecución de recursos, la coordinación interinstitucional y la capacidad de respuesta ante emergencias son temas reiterados en las declaraciones de actores de distintos niveles de gobierno. Mientras tanto, la población percibe la inseguridad como una realidad diaria, y las cifras oficiales la sostienen como un problema creciente que exige planes integrales y acciones coordinadas entre Policía, Poder Judicial, Ministerio Público y gobiernos regionales y locales.

En síntesis, el Callao experimenta un ascenso significativo en delitos de homicidio y extorsión en 2025, ritmo que demanda una respuesta multisectorial más eficaz y una revisión profunda de las políticas de seguridad, gestión institucional y asignación de recursos. La pregunta central es si las estructuras estatales serán capaces de coordinarse para revertir una tendencia que ya no es percibida como un temor, sino como una realidad tangible para miles de familias en la región.