¿Búmeran para el Estado? Fallos judiciales frenan cobros de peajes vinculados a Odebrecht y Brookfield
- owenvalencia20
- 31 oct
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Diversos fallos judiciales y suspensiones administrativas afectaron la recaudación de peajes vinculados al proyecto Vías Nuevas de Lima: Chillón, Conchán, Villa y Punta Negra. Las instancias judiciales, desde el Poder Judicial hasta el Tribunal Constitucional, argumentan que el cobro a los usuarios vulnera la libertad de tránsito por carecer de rutas alternas suficientes y por enmarcarse en procesos judiciales en curso. En conjunto, las suspensiones buscan salvaguardar derechos de movilidad mientras se clarifica la responsabilidad de la concesionaria Rutas de Lima ( Brookfield), que administra los peajes tras la compra de Odebrecht en 2016.
La controversia se centra en la concesión otorgada por la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, en 2013 a Odebrecht para el corredor vial conocido como Proyecto Vías Nuevas de Lima. La empresa fue objeto de señalamientos y procesos por presunta colusión y lavado de activos, vinculados a aportes inquietantes a campañas políticas. En ese contexto, el Poder Judicial y el Tribunal Constitucional han cuestionado la legitimidad del cobro de peajes cuando no hay alternativas claras para los usuarios.
Entre los hitos relevantes, cuatro peajes del proyecto han sido suspendidos a la fecha: Chillón (Puente Piedra), Conchán (Lurín), Villa y Punta Negra (Chosica). Todos están operados por Rutas de Lima, filial de Brookfield, que adquirió las acciones de Odebrecht en junio de 2016. La decisión de suspender se apoya en el hecho de que, mientras persista el proceso judicial y se mantenga la vulneración al libre tránsito, no procede exigir la tarifa.
El Tribunal Constitucional sostuvo que “el fuero arbitral no es la instancia competente para determinar la responsabilidad penal” y que corresponde a la judicatura penal ordinaria esclarecer los hechos. Además, enfatizó que “solamente resulta viable que se cobre peaje cuando exista, al menos, una vía alterna a disposición de toda aquella persona que no desea pagar la tarifa del peaje” y que las medidas de bloqueo podrían haber afectado de forma irrazonable a los vecinos de Puente Piedra.
El Poder Judicial, al ordenar suspensiones, aceptó que el cobro continúa siendo inapropiado mientras persista la vulneración al desplazamiento. En los fallos, se citan casos concretos de suspensiones para los peajes de Conchán, Villa y Punta Negra, y se señala que la decisión busca evitar un perjuicio directo a la movilidad de la población.
Foco en el historial de la concesión: Villarán fue quien otorgó la concesión en 2013; hoy enfrenta un proceso judicial por presunta corrupción, con posibilidades de prisión de más de 20 años según las acusaciones.
La discusión sobre los peajes en Lima no se reduce a una cuestión económica sino que envolve derechos fundamentales como la movilidad y la presunción de seguridad jurídica. Las decisiones judiciales buscan equilibrar la necesidad de cobrar por servicios de infraestructura con la obligación del Estado de garantizar rutas alternas y evitar prácticas que obstaculicen la libertad de tránsito. El desenlace podría definir no solo el futuro de estos peajes, sino también el rumbo de posibles arbitrajes y de la regulación de concesiones en proyectos de gran infraestructura.