Burneo advierte: déficit de presupuesto pone en riesgo la transparencia y la seguridad de los comicios de 2026
- owenvalencia20
- 28 nov
- 3 Min. de lectura
En menos de cinco meses para las Elecciones Generales de 2026, el sistema electoral de Perú enfrenta una brecha presupuestal que podría afectar la calidad y la continuidad de los comicios. Así lo señaló el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, durante su exposición ante el Pleno del Congreso el 26 de noviembre, cuando se discutía el presupuesto del año fiscal 2026 para las tres instituciones electorales: JNE, ONPE y Reniec.
Según Burneo, la demanda total para garantizar la ejecución de los procesos electorales en 2026 asciende a 4.390 millones de soles, frente a un monto inicial aprobado de 2.123 millones. Esta diferencia de 2.267 millones representa el 52% de la necesidad total y exige una atención prioritaria para evitar que la transición política se vea comprometida.
“Estamos ante un enorme déficit presupuestal en torno al sistema electoral”, afirmó el presidente del JNE, subrayando que, si no se cubre la brecha, “el normal desarrollo de los comicios” corre riesgo, así como la transparencia y la legitimidad de los procesos y, en consecuencia, la confianza ciudadana.
Burneo detalló que los recursos faltantes deben traducirse en medidas operativas inmediatas desde enero próximo, para que el año 2026 empiece con la cadena de custodia de votos, la auditoría digital y la presencia de un fiscalizador en cada mesa de votación. “Vamos a implementar un centro de comando, oficinas descentralizadas y 91 jurados especiales; todo debe funcionar desde el primer día”, agregó.
El detalle de las necesidades por organismo reveló que:
JNE requiere 546,4 millones de soles adicionales, con 26 millones destinados al funcionamiento institucional y más de 519 millones para tareas estrictamente electorales.
ONPE estima necesitar 1.460 millones de soles extras, de los cuales 3 millones cubrirían operaciones internas y 1.457 millones, la organización y ejecución de procesos electorales.
Reniec calcula una necesidad adicional de 259 millones, 159 millones para su actividad institucional y 100 millones para apoyar la organización electoral.
El dirigente electoral aseveró que, si no se atiende la demanda, no solo se pone en riesgo la logística de la elección, sino también la legitimidad del proceso y la confianza del electorado en el sistema democrático. Añadió que la auditoría digital debe abarcar todos los sistemas, no solo el voto digital, y que la presencia de un fiscalizador en cada mesa contribuirá a fortalecer el escrutinio.
Más allá de las cifras, Burneo destacó avances logrados gracias a la modernización tecnológica, el fortalecimiento de la justicia electoral, la promoción del voto informado, la transparencia y la participación ciudadana. No obstante, advirtió que estos progresos podrían verse frenados si no se garantiza la financiación para 2026.
Entre las metas para ese año, la institución prevé tramitar aproximadamente 1.173.000 expedientes, procesar 9 millones de datos para alimentar el buscador inteligente de jurisprudencia, activar los Jurados Electorales Especiales (60 para Elecciones Generales y 91 para elecciones regionales y municipales) y ajustar el sistema para el conteo de votos. También reiteró la necesidad de contar con un fiscalizador en cada mesa de sufragio.
Burneo expresó su preocupación adicional por las Elecciones de Autoridades en Centros Poblados (ECP 2026), que carecen de asignación presupuestal para 2026. “La democracia requiere cuidado constante; no se sostiene por sí sola. Debemos invertir en los comicios y en el sistema democrático. Es imprescindible contar con esos recursos desde el inicio de 2026”, enfatizó, al tiempo que insistió en que la transición del poder no se vea comprometida por demoras en la aprobación de fondos.
En resumen, el llamado es claro: sin un presupuesto adecuado desde el inicio del año electoral, la transparencia, la seguridad y la legitimidad del proceso democrático podrían verse seriamente afectados en un año clave para la institucionalidad peruana.
