Brookfield demanda al Perú tras contratos incumplidos con un arbitraje internacional de US$2.700 millones.
- owenvalencia20
- 14 mar
- 2 Min. de lectura

El 12 de marzo, Brookfield anunció el inicio de un procedimiento de arbitraje internacional contra el Estado Peruano ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), en el que exige una compensación de más de US$2.700 millones. La empresa de fondos de inversión argumenta que varios incumplimientos en el contrato de concesión por parte de la Municipalidad de Lima han minado la capacidad de Rutas de Lima S.A.C. de cobrar peajes, lo que ha perjudicado significativamente su inversión.
Según el comunicado de Brookfield, las acciones que califica como "arbitrarias" por parte del municipio y otras entidades, incluyendo el Tribunal Constitucional, privaron a la compañía del derecho a operar con normalidad en uno de los tramos concedidos. “Durante muchos años, Brookfield ha invertido con entusiasmo en el Perú, pero desafortunadamente nuestra confianza se ha visto quebrantada”, expresó Ben Vaughan, gerente global de Operaciones del Grupo de Infraestructura de Brookfield. El ejecutivo dejó claro su descontento, afirmando que las acciones de las autoridades peruanas han puesto en riesgo no solo su inversión, sino también la percepción internacional sobre la seguridad jurídica en el país.
Brookfield tiene respaldo en sus reclamaciones, ya que dos tribunales internacionales, junto a una corte federal en Estados Unidos, han ordenado el pago de más de US$200 millones a favor de Rutas por similares incumplimientos, sin embargo, hasta el momento, la Municipalidad de Lima no ha hecho efectivo el pago. “Teniendo en cuenta el objetivo declarado del Perú de aumentar la inversión extranjera de escala en el país, mantenemos la esperanza de que podamos encontrar una solución aceptable con el Estado peruano”, dijo Vaughan, subrayando su deseo de resolver la controversia.
La posición del Minsiterio de Economía y Finanzas (MEF) se mantiene vigente, aunque hasta el cierre de este informe, no han emitido un pronunciamiento oficial. La Municipalidad Metropolitana, por su parte, lamentó la decisión de Brookfield y calificó el arbitraje como un “desacato” a una sentencia del Tribunal Constitucional, que impidió el cobro del peaje en determinadas rutas.

El alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, se ha defendido de las acusaciones y negó cualquier responsabilidad de su gestión. Según él, el Tribunal Constitucional es el verdadero responsable de la prohibición del cobro de ciertos peajes. Además, informó que se han llevado su argumento a las autoridades estadounidenses para clarificar la situación de la inversión de Brookfield en Rutas de Lima. "El Estado peruano no va a pagarle nada al CIADI”, afirmó, prometiendo que la estrategia legal del país será robusta y contundente.
La situación del Perú es compleja, ya que actualmente enfrenta 39 controversias internacionales de inversión bajo la supervisión del CIADI, de las cuales solo 21 están resueltas. La gran mayoría involucra problemas contractuales con diferentes empresas, lo que plantea interrogantes sobre la capacidad del país para gestionar sus compromisos internacionales.





